El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Hace un año, la Operación Perseo protagonizó un ambicioso esfuerzo estatal para recuperar el control del cañón del Micay, localizado en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y movilizó más de 1.200 efectivos militares, quienes ingresaron a un territorio profundamente marcado por el dominio de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular el Estado Mayor Central (EMC) bajo la jefatura de Iván Mordisco. El objetivo no solo se limitó a desarticular el control de grupos armados ilegales, sino también a instalar una transformación integral, basada en nuevas obras de infraestructura, iniciativas sociales y programas de sustitución de cultivos ilícitos, según se precisó en declaraciones oficiales y reportes publicados por los ministerios implicados.
Transcurrido un año desde su despliegue, el balance revela una realidad compleja y poco uniforme. Si bien el Ejército mantiene presencia estable en el casco urbano de El Plateado y en puntos neurálgicos como La Hacienda, el control efectivo de buena parte de las veredas continúa en manos del EMC y otros actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), antigua Segunda Marquetalia. Este panorama fue confirmado tanto en reportes del International Crisis Group como en análisis locales citados por medios nacionales, donde se advierte sobre la fragmentación territorial y la competencia de grupos ilegales por el dominio del cañón del Micay.
Uno de los íconos del anunciado avance estatal, el hospital de El Plateado, exhibe solo un 40 % de progreso en su construcción tras doce meses, obligando al funcionamiento en paralelo de un hospital de campaña. Esta demora es interpretada, tanto por líderes comunitarios entrevistados como por expertos en conflicto, como un síntoma de la brecha entre la presencia militar y la materialización de cambios sociales palpables. Tal desbalance ha sido una constante en los diagnósticos de entidades como InSight Crime, que resaltan la ausencia de un acompañamiento económico y social intensivo.
La problemática se extiende a los planteamientos de sustitución de economías ilícitas. El programa Renhacemos, que reemplazó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), reconoce más de 1.000 agricultores inscritos para sustituir 538 hectáreas de coca por cultivos legales como café, cacao y plátano. No obstante, la persistente demanda de la hoja de coca, que mantiene precios elevados, y la expansión de la minería ilegal en ríos como Mechengue y Micay —corroborada por estudios de la Fundación Ideas para la Paz utilizando imágenes satelitales—, dificultan la consolidación de actividades legales y agravan los daños ambientales.
A esto se suma un riesgo electoral elevado: Argelia fue clasificada entre los 104 municipios con amenazas fundadas para la libre participación política, según lo advirtió la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. La presión y amenazas contra líderes y comunidades para favorecer ciertos candidatos reflejan una pugna entre democracia formal y control armado, fenómeno documentado por el Observatorio Electoral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En síntesis, la experiencia de la Operación Perseo expone la necesidad de estrategias interinstitucionales y sostenidas, donde la acción militar se complemente con justicia, reparación del tejido social e impulso de alternativas económicas viables. Los avances actuales no han conseguido todavía revertir la condición estructural de incertidumbre y disputa en El Plateado, que sigue siendo foco ilustrativo de los desafíos más complejos enfrentados por el Estado colombiano ante la violencia y el narcotráfico.
¿Qué es el Estado Mayor Central (EMC) y cuál es su influencia actual?
El Estado Mayor Central (EMC) constituye una de las principales disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras su no acogida o retiro del proceso de paz firmado en 2016. Liderado por Iván Mordisco, el EMC ha mantenido estructuras armadas y control territorial en varias regiones, incluyendo el cañón del Micay. Su influencia se percibe no solo en el ejercicio del poder armado, sino también en la regulación de economías ilícitas y la cooptación de comunidades, cuestión que el gobierno está intentando desarticular mediante presencia militar y proyectos de desarrollo.
La persistencia del EMC en zonas estratégicas desafía la capacidad del Estado para ejercer control integral y representa un escollo para la consolidación de la paz. De acuerdo con los análisis nacionales e internacionales citados, la dispersión de actores armados como el EMC, el ELN y otros, dificulta los esfuerzos de transformación y obliga a replantear la coordinación entre seguridad, justicia y programas sociales.
¿Por qué la infraestructura y los programas sociales avanzan tan lentamente en el cañón del Micay?
El avance limitado de proyectos como el hospital de El Plateado y los programas de sustitución de cultivos legales responde, en gran parte, a la combinación de condiciones geográficas adversas, presencia de actores armados y conflictos sociales. La inseguridad y las amenazas constantes socavan la movilidad y la confianza en las instituciones públicas, dificultando la contratación y operación de obras y proyectos.
Sumado a esto, las economías ilícitas, dadas las altas rentabilidades del cultivo de coca y la minería ilegal, ofrecen incentivos más inmediatos que los proyectos legales de sustitución. Según reportes oficiales y análisis de expertos, esta dinámica perpetúa la dependencia de actividades clandestinas y frustra los intentos estatales de establecer desarrollo sostenible y presencia real en territorios históricamente marginados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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