El mandato de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), finaliza en febrero de 2023 por lo que desde hace unos meses se ha especulado sobre quién debe ser la próxima persona encargada de dirigir esa entidad creada por el Acuerdo de Paz con las Farc para resarcir la deuda histórica del país con las víctimas de desaparición forzada.
(Lea también: Liberan a Vicente Ortiz Álvarez, padre de la secretaria general del Ministerio de Justicia)
Para elegir a su sucesor o sucesora se debe conformar un comité de escogencia, tal como está previsto en el decreto 587 de 2017. Ese decreto reglamenta cómo son escogidos los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que conforman la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la UBPD.
Como la anterior reglamentación no era clara sobre algunos aspectos, este miércoles, el Ministerio de Justicia emitió el decreto 2612 de 2022 en el que se definió que esa cartera será la entidad encargada de convocar al denominado Comité de Escogencia y de garantizar su funcionamiento.
¿Quiénes y cómo lo elegirán al director de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?
El Acuerdo de Paz estableció que las cabezas de las entidades del sistema de justicia transicional (Es decir, JEP, Comisión de la Verdad y la UBPD) serían seleccionados por un Comité de Escogencia autónomo e independiente. Ese comité se conformó en 2017 y designó, entre otros, a los primeros directivos que conoció el país: Francisco de Roux en la Comisión, Patricia Linares en la JEP y Luz Marina Monzón en la Unidad de Búsqueda. Ahí finalizó su labor.
El periodo de Monzón en la Unidad es cinco años, tiempo que está próximo a vencer y por lo cual se debe crear un nuevo Comité de Escogencia para seleccionar su reemplazo.
Según definió el Ministerio de Justicia, el Comité de Escogencia estará conformado por un delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Secretario General de la ONU, otro de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, un designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y un delegado de Centro Internaciona de Justicia Transicional (ICTJ).
(Vea también: Corte le dijo “no” a exFarc que dijo ser víctima para que le restituyeran terrenos)
El comité tendrá dos meses, prorrogables por un mes más, para elegir a la persona adecuada para esta entidad. Además, el decreto emitido por el Ministerio insiste en que ese grupo de personas debe proteger los principios de “eficacia, eficiencia, transparencia, celeridad y centralidad de las víctimas”. Según esa cartera, se espera que la próxima semana sea convocado dicho comité para que dé inicio a su labor.
Las propuestas de los familiares
Precisamente por esto último, organizaciones de familiares de desaparecidos y de defensores de derechos humanos propusieron una lista de 10 personas como posibles candidatos para ocupar la dirección de la Unidad. La propuesta fue realizada por la Fundación Hasta Encontrarlos, la Asociación de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada de Caquetá (Favides), Desaparicionforzada.co, Asociación De Desarrollo Integral para Víctimas (ADIV), Compazcol y la Organización del Pueblo Wiwa.
Los diez postulados son: María Fernanda Molina Beltrán, hermana de Mónica Molina desaparecida en el Palacio de Justicia y miembro de Hasta Encontrarlos; Carmen Elena Salas, miembro de Hasta Encontrarlos y hermana de Juan Augusto Salas Palacio, militante del EPL desaparecido en Sucre; Carlos Zapata, hijo de Luis Gerardo Zapata Posada, desaparecido por las FARC y quien ha sido el coordinador territorial de la UBPD en Caquetá y sur del Huila.
También está Enrique Chimonja, hijo de Tulio Chimonja, militante de la UP desaparecido en Palestina (Huila), hace parte de Compazcol; Erik Arellana Bautista, hijo de Nydia Erika Bautista, desaparecida en 1987 en Bogotá, y quien hace parte del equipo de DesapariciónForzada .com; Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en el 2008 en Ocaña, es la representante legal de Mafapo. Además, Pedro Loperena, familiar de varios indígenas wiwas desaparecidos forzadamente en la sierra, y responsable de la Organización indígena Wiwa, Cesar; y Marcela Riascos Granja, hija de Guillermo Wilmar Riascos desaparecido forzadamente en 1992 en Nariño, hace parte de Adiv – Nariño.
También, Jaime Perea, familiar de Mónica Molina desaparecida forzadamente en el Palacio de Justicia; y Pablo Cala, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Hasta Encontrarlos.
LO ÚLTIMO
.svg)
