El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Colombia enfrenta una semana determinante en el panorama nacional e internacional, al converger tres acontecimientos cruciales: la posible descertificación estadounidense en la lucha antidrogas, la emisión de las primeras sanciones por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en casos de secuestro, y la esperada decisión del mismo tribunal sobre los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el contexto del conflicto armado. Estos hechos, originados en escenarios distintos, coinciden en exponer las complejas tensiones que enfrenta el país entre la búsqueda de justicia, el fortalecimiento institucional y la redefinición de su diplomacia, en especial, con Estados Unidos.
El primer punto radica en la eventual descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos respecto a los logros en la lucha antidrogas, una evaluación que llega luego de que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) reportara históricas 252.572 hectáreas de cultivos de coca y un aumento del 53 % en la producción potencial de cocaína. Mientras que en Washington se ha sostenido la necesidad de una política represiva y de erradicación forzada, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, insiste en un enfoque alternativo centrado en la sustitución voluntaria, el desarrollo rural y el rechazo categórico a la fumigación aérea debido a sus impactos sociales y ambientales. Frente a la posibilidad de que se concrete la descertificación, advirtió el embajador Daniel García-Peña, tal decisión comprometería la cooperación militar y económica, incentivando una narrativa favorable a los grupos criminales y resquebrajando la relación bilateral.
En paralelo, la JEP, origen central del sistema de justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, presentará su primera sentencia en casos de secuestro, crimen perpetrado principalmente por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este mecanismo busca ir más allá de la simple sanción penal, adoptando un modelo restaurativo que privilegia la verdad, la reparación y la restricción efectiva de libertades a los responsables, acciones esperadas para satisfacer las expectativas de las víctimas. El éxito del tribunal en este ámbito podría consolidar su legitimidad o, por el contrario, minarla si las sanciones son percibidas como insuficientes.
El jueves, un nuevo episodio pondrá a prueba la fortaleza de la justicia transicional: la JEP sancionará a efectivos del Ejército Nacional involucrados en ejecuciones extrajudiciales en el Batallón La Popa, un caso emblemático por la gravedad de sus hechos y su significado para la legitimidad estatal. Más de 600 víctimas y sus familias ven en este proceso una oportunidad para restaurar la confianza en el Estado, en medio de exigencias para que la responsabilidad trascienda a todos los actores del conflicto armado.
Estos hechos articulan distintos retos del escenario posacuerdo: redefinir la eficacia de la diplomacia antidrogas, consolidar una justicia que privilegie la reparación sobre el castigo, y revelar la verdad sobre crímenes perpetrados tanto por guerrillas como por fuerzas estatales. Tal como lo advierten informes de organismos multilaterales y de derechos humanos, el tránsito hacia una paz sostenible implica afrontar las raíces del conflicto y garantizar reparación a las víctimas.
¿Por qué Estados Unidos podría descertificar a Colombia en la lucha antidrogas?
El término descertificación se refiere a la decisión que puede tomar Estados Unidos de retirar su respaldo a un país en materia de cooperación antidrogas. En el caso colombiano, este escenario surge tras la publicación de cifras récord de cultivos ilícitos de coca y un notable incremento en el potencial de producción de cocaína. La revisión de la política antidrogas nacional —ahora centrada en la sustitución voluntaria y el desarrollo rural— ha generado dudas en Washington sobre su efectividad. Una posible descertificación acarrearía consecuencias diplomáticas y económicas, poniendo en jaque la cooperación binacional y el respaldo internacional a la lucha contra el narcotráfico.
¿Qué significa justicia transicional y cómo funciona la JEP?
La justicia transicional engloba mecanismos legales y políticos adoptados en contextos de transición de conflicto o dictadura hacia la paz, buscando equilibrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el órgano clave dentro de este modelo, concebido tras el acuerdo con las FARC. Su objetivo es investigar y sancionar crímenes ocurridos durante el conflicto armado, con especial énfasis en métodos restaurativos: en lugar de penas estrictamente privativas de libertad, prioriza la reparación integral y la participación activa de los responsables en labores de beneficio comunitario, así como el esclarecimiento público de la verdad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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