El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra bajo la lupa tras recibir dos denuncias relacionadas con la campaña presidencial de Iván Cepeda, debido a la realización de eventos masivos en Córdoba y Sucre. De acuerdo con El Colombiano, estas actividades se llevaron a cabo pese a la prohibición expresa que rige durante la semana previa a los comicios, una medida establecida por ley en Colombia para mantener la transparencia y neutralidad en la recta final antes de las elecciones. Específicamente, la normativa establece que no están permitidos eventos proselitistas en lugares públicos ni la divulgación de encuestas electorales en este periodo.
El presidente del tribunal, magistrado Cristian Quiroz, instó recientemente a los candidatos a "respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar". Además, señaló que, tras la recepción de la solicitud de investigación, la Sala Plena del CNE evaluará y tomará las decisiones necesarias en estos casos. Sin embargo, fuentes consultadas por El Colombiano advirtieron que las facultades del CNE frente a las vedas son limitadas, ya que se trata de un decreto de orden público expedido por el Gobierno. En consecuencia, la autoridad encargada de hacer cumplir la restricción sería cada alcalde local, a quien se trasladarían los procesos.
Los eventos multitudinarios vinculados a la campaña de Cepeda han estado en el centro del debate. Estas acciones incluyen reuniones y encuentros que, según críticos, vulneran las reglas impuestas a pocos días de los comicios. Un video divulgado desde Montería, Córdoba, evidenció que Cepeda justificó públicamente el encuentro como una "reunión para coordinar el día 31 de mayo", enfatizando la importancia de que sus seguidores acudieran a las urnas, aunque este tipo de actividades también es foco de controversia.
A pesar de que desde la campaña se defiende que estas son reuniones privadas de coordinación política, sectores opositores insisten en que, además de infringir la ley, Cepeda contaría con cierto respaldo desde el Gobierno. En paralelo, el presidente Gustavo Petro también ha recibido críticas por presunta participación en política, debido a sus publicaciones en redes sociales fomentando el cierre de campaña de Cepeda. Petro acumula al menos diez procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionados con este tema.
Una parte del debate se enfoca ahora en la postura del procurador Gregorio Eljach, cabeza de la entidad que investiga a funcionarios públicos. Hace poco, Eljach enfatizó que usar cuentas y recursos oficiales para influir en campañas es "improcedente", aunque aclaró que si un funcionario actúa en su vida privada, no hay lugar a sanciones, según la jurisprudencia vigente. Sin embargo, el hecho de que Eljach haya sido postulado por Petro aumenta la controversia y alimenta el escepticismo sobre eventuales consecuencias reales, tal como señaló el congresista Daniel Carvalho en declaraciones recogidas por El Colombiano.
¿Qué implica la prohibición de eventos políticos en la semana previa a las elecciones en Colombia?
La ley colombiana prohíbe la realización de actividades proselitistas públicas y la publicación de encuestas electorales durante la semana anterior al día de las elecciones. Esta medida busca garantizar un ambiente de recogimiento y reflexión, así como evitar presiones indebidas sobre los electores en un periodo crucial antes de votar.
¿Quién es el responsable de vigilar y sancionar posibles infracciones en materia electoral durante las vedas?
Según información de El Colombiano, aunque el Consejo Nacional Electoral puede recibir denuncias, la competencia sobre el cumplimiento de las restricciones recae en los alcaldes, dado que las vedas derivan de decretos de orden público expedidos por el Gobierno. Esto significa que la autoridad local es directamente responsable de vigilar y hacer cumplir estas normas en su municipio.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria
Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
