En ese documento, los uribistas manifestaron su “grave preocupación” por las versiones (previas) que se manejaron sobre que la Corte Suprema de Justicia ordenaría la captura del senador Álvaro Uribe, por el caso de falsos testigos.

Según el Centro Democrático, distintos sectores de izquierda han tejido un “imaginario criminal” contra Uribe para “deformar” la conducta del expresidente, y ha existido un “esfuerzo” por aniquilar la reputación del líder del partido en redes sociales.

Aun así, dice la bancada del partido, hay una enorme distancia entre lo que ellos llaman propaganda por desprestigiar a Uribe, y una imputación de una alta corte.

“Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”, concluyó el partido de Gobierno.

La Sala de Instrucción de la Corte, conformada por 6 magistrados (porque Cristina Lombana se declaró impedida), fue la que tomó la decisión contra Uribe este martes.

La medida del alto tribunal tiene que ver con los señalamientos relacionados con que Uribe habría sobornado exparamilitares presos, para que cambiaran sus testimonios y no lo involucraran con las extintas autodefensas.

Las supuestas diligencias en las cárceles las habría hecho el abogado Diego Cadena, al que ya se le comprobó que hizo un giro de 2 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

No obstante, el jurista dice que fue “un acto humanitario” del que Uribe no estaba enterado.

Precisamente por ese hecho, Cadena ahora enfrenta su propio proceso, por el que ya se le imputaron los cargos por soborno en actuación judicial y fraude procesal, y espera conocer si queda en libertad o le dan casa por cárcel, como pidió la Fiscalía.