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El próximo miércoles, 24 de abril, ante un juez de Bogotá la Fiscalía General imputará cargos a Enrique Pardo Hashe y Samuel Arturo Sánchez, dentro del proceso por soborno a testigos y fraude procesal que involucra al expresidente Álvaro Uribe y su abogado, Diego Cadena.
La decisión se conoce días después del llamado a juicio al exmandatario, en el marco de una investigación que se sigue en su contra por presuntamente coordinar varias acciones para lograr testimonios y pruebas que lo beneficiaran a él y a su hermano, Santiago Uribe, frente a acusaciones de supuestos vínculos con grupos paramilitares.
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Enrique Pardo Hashe, ha sido señalado como una de las fichas claves del caso. Según relata el principal testigo, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, fue contactado en nombre del expresidente, por el entonces abogado Diego Cadena para retractarse de declaraciones que había hecho en contra de los hermanos Uribe. Lo anterior a través de su excompañero de celda, Enrique Pardo Hasche.
De ese hecho existe un audio grabado por Monsalve, pero también una grabación en la que Cadena le habría ofrecido beneficios por retractarse. “En desarrollo de la conversación el abogado Cadena le manifestó a Monsalve actuar en nombre de Álvaro Uribe Vélez y le pidió firmar un documento previamente elaborado con el fin de presentarlo con el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 16 de febrero, cuyo término para sustentar se vencía al día siguiente, esto es el 23 (febrero)”, determinó en su momento la Corte Suprema.
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Así mismo, será imputado por la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, Samuel Arturo Sánchez, abogado del exparamilitar, Carlos Enrique Vélez.
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A la par de estas nuevas imputaciones, este mismo jueves se conoció que la audiencia en la que será acusado el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal será el próximo 17 y 24 de mayo ante la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda. La decisión de llevarlo a juicio la tomó el fiscal Gilberto Villarreal, quien tomó el caso el pasado 16 de enero, luego de dos preclusiones fallidas y de dos fiscales que no pudieron abordar la investigación.
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