“Los carteles mexicanos están ahora en todo, están no solo en la violencia y el tráfico de droga, sino que empiezan a influir en la política local también”, afirmó el director de Pares, León Valencia.

El investigador detalló que en municipios de la costa pacífica como Tumaco (Nariño), los grupos narcotraficantes mexicanos “tienen una importante presencia”.

Tumaco es la localidad con más hectáreas de coca sembradas en toda Colombia y además cuenta con el segundo puerto del país en el Pacífico, por lo que su control es fundamental para el narcotráfico.

Por su parte, el subdirector de la fundación, Ariel Ávila, afirmó que hasta el momento se han identificado al menos ocho candidatos que son patrocinados por carteles mexicanos.

Estos se concentran principalmente en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá, en la región del Bajo Cauca antioqueño, y en la del pacífico nariñense, exactamente en Tumaco, Magüí Payán, Barbacoas y La Tola.

De igual forma, Ávila señaló durante la presentación del informe que en el departamento del Cauca hay alerta en los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi.

Otra de las conclusiones del informe resalta como “un fenómeno político nuevo” la aparición de algunos partidos de etnias como la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), que con solo tres meses de existencia ha avalado a 3.500 candidatos.

Lo anterior se podría dar por el manejo que hace de esa bancada Luis Alberto Gil y Carlos Martínez Sinisterra, condenados por parapolítica, según el informe de la fundación Pares.

Asimismo, la fundación alertó de la existencia de “autoritarismos regionales” que limitan la competencia política a raíz de linajes políticos en departamentos como Atlántico, con la familia Char; en Cesar, con los Gnecco; y en el Valle del Cauca con la actual gobernadora, Dilian Francisco Toro.

El próximo 27 de octubre, 36,8 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir 32 gobernadores, alcaldes de más de 1.110 municipios, concejales y diputados regionales para un periodo de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2020.