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En la conmemoración de sus 65 años, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a cabo un operativo de seguimiento y control ambiental en la vereda Tilatá, ubicada en el municipio de Chocontá, a través de la dirección regional Almeidas y Guatavita. El propósito central de esta intervención fue supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en una zona de alta importancia ecológica, en particular la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
Durante la inspección técnica, la CAR detectó la existencia de cinco viviendas campestres no dispersas y un área en construcción destinada a uso comercial. Estas edificaciones se encontraban en una fase activa de ejecución y, según la información entregada por el director de obra, el manejo de las aguas residuales se basaba únicamente en el uso de tanques de almacenamiento temporal, cuyo contenido sería posteriormente transportado mediante camión vactor hasta un lugar autorizado. Este proceso, sin embargo, no responde a las condiciones y restricciones del predio, dado que se localiza dentro de la Reserva y no corresponde a la única modalidad permitida de vivienda rural dispersa, tal como lo exige la Resolución 138 de 2014.
La Resolución 138 de 2014 establece claramente que las nuevas licencias para parcelación, ampliación y obra nueva quedan suspendidas en tanto no se formule el Plan de Manejo de la reserva forestal. Además, define vivienda rural dispersa como una unidad habitacional que se encuentra aislada en el suelo rural, asociada a las formas tradicionales de vida campesina y que no integra centros poblados ni parcelaciones de vivienda campestre. El incumplimiento de este lineamiento genera preocupaciones por el riesgo de remoción de suelo y el inadecuado manejo del recurso hídrico.
La CAR enfatizó, a través de declaraciones de Camilo Poveda, director regional, que el número autorizado de viviendas debe ajustarse a la capacidad de carga ambiental y a la disponibilidad de recursos naturales, especialmente el agua. Las cinco viviendas detectadas, por estar agrupadas en una sola hectárea, vulneran la densidad máxima permitida y contribuyen al deterioro de una de las principales fuentes hídricas de la región.
En consecuencia, la CAR reiteró la importancia de mantener el equilibrio ambiental y exhortó a la comunidad a reportar actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas estratégicos de Cundinamarca. Este llamado a la vigilancia social complementa el rol institucional como autoridad ambiental y subraya la trascendencia de proteger los cauces y reservas que abastecen a gran parte del territorio.
¿Qué implica la Resolución 138 de 2014 para los proyectos inmobiliarios en zonas de reserva?
Esta pregunta surge dada la importancia de las restricciones impuestas por la Resolución 138 de 2014, mencionada en las acciones de la CAR. Entender el alcance de esta norma es fundamental tanto para los desarrolladores inmobiliarios como para la comunidad, pues regula estrictamente el tipo de asentamientos y actividades permitidas en una de las áreas más sensibles desde el punto de vista ambiental.
Según la información abordada, dicha resolución prohíbe la autorización de nuevas construcciones en suelos de reserva hasta que se determine un Plan de Manejo adecuado. Solo se permite la vivienda rural dispersa, destinada a preservar la vocación agrícola y los recursos naturales de la zona. Esta medida busca salvaguardar la integridad de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, evitando acciones que puedan comprometer el equilibrio hídrico y ecológico de la región.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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