El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El reciente operativo policial en Sutamarchán, Boyacá, llevó a la captura de dos individuos que habían establecido una infraestructura ilegal para extraer hidrocarburos del poliducto operado por Cenit, filial de Ecopetrol. Esta acción, ejecutada en la finca La Esperanza, permitió descubrir una red de sustracción de combustible que funcionaba bajo la fachada de un negocio agrícola. Los capturados utilizaban válvulas ilícitas y sistemas camuflados para sustraer y almacenar hasta 7.000 galones de combustible, el cual luego era comercializado en el mercado ilegal, tal como lo consignó la fuente original.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha advertido sobre las cuantiosas pérdidas económicas que este fenómeno implica para el Estado colombiano y la industria petrolera, estimando daños de miles de millones de pesos anuales. Según informes de Ecopetrol, la piratería de combustible, como se denomina esta práctica, va más allá de una afectación financiera: pone en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas y distorsiona las cadenas legales de distribución energética.
La investigación realizada en Sutamarchán refleja el grado de sofisticación alcanzado por las redes criminales responsables de este delito. Datos reportados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) muestran una tendencia creciente a la utilización de tanques subterráneos, equipos de comunicación avanzados y ocultamiento en zonas rurales poco vigiladas. La localización estratégica de las instalaciones ilegales, usualmente próximas a fuentes hídricas, incrementa el potencial de contaminación ambiental y afecta de manera directa a la biodiversidad. En este caso, la cercanía del operativo al río y a la zona urbana, conforme denunció el alcalde Miguel Andrés Rodríguez, agrava el riesgo de emergencias ambientales y sociales.
Sin embargo, el impacto de la piratería de combustible trasciende el ámbito ecológico. Expertos consultados por El Espectador evidencian que las ganancias provenientes de esta actividad ilegal frecuentemente financian otras economías criminales, como el narcotráfico o la extorsión, fortaleciendo organizaciones delictivas y debilitando la gobernabilidad local.
El alcalde Rodríguez instó a Ecopetrol y Cenit a incrementar la vigilancia sobre los poliductos, en línea con las políticas nacionales orientadas a combatir el hurto de hidrocarburos. Las autoridades han apostado por sistemas de monitoreo satelital y operativos coordinados con la Policía Nacional, según el Ministerio de Minas y Energía. No obstante, investigadores en seguridad advierten que la eficacia de estas estrategias depende en parte de la colaboración comunitaria y de una supervisión constante, parámetros sujetos a la capacidad institucional y condiciones locales.
De esta manera, el caso de Sutamarchán ilustra no solo la complejidad de una práctica delictiva bien organizada, sino la necesidad de articular vigilancia, políticas ambientales y participación social para contrarrestar la piratería de combustible. La articulación entre medios de comunicación, autoridades y población resultará esencial para denunciar, prevenir y sancionar estas conductas, en defensa de los recursos y el bienestar en las regiones comprometidas.
¿Qué es la piratería de combustible? La piratería de combustible es la sustracción ilegal de hidrocarburos de infraestructuras como poliductos, realizada por grupos organizados que buscan beneficiarse económicamente mediante la venta no autorizada de estos recursos. Esta práctica representa un fenómeno de carácter multisectorial que impacta tanto la economía como la seguridad y el medio ambiente de las áreas afectadas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol coinciden en señalar que esta modalidad de delito está en crecimiento y requiere intervenciones coordinadas entre entidades públicas y privadas.
Este término ha cobrado relevancia en el contexto nacional de Colombia debido al aumento de casos registrados en zonas rurales y la sofisticación de las organizaciones dedicadas a este ilícito. Su relevancia radica no sólo en las pérdidas financieras, sino en el deterioro ambiental y la expansión del crimen organizado.
¿Por qué las zonas rurales son especialmente vulnerables al robo de hidrocarburos? Las zonas rurales, por su menor densidad poblacional y limitada presencia institucional, se convierten en escenarios propicios para el actuar clandestino de quienes se dedican al robo de hidrocarburos. Tal como documenta el CLIP, estas áreas suelen ofrecer condiciones logísticas favorables: lejanía de los centros urbanos, acceso directo a las fuentes de hidrocarburo y posibilidad de camuflar estructuras ilegales bajo actividades agrícolas o ganaderas aparentemente legítimas.
Esta vulnerabilidad se ve especialmente reflejada en casos como el de Sutamarchán, donde la falta de vigilancia y el aislamiento geográfico facilitan la instalación de infraestructuras subterráneas y la operación de redes delictivas con baja probabilidad de ser detectadas tempranamente. El refuerzo institucional y la organización comunitaria surgen entonces como componentes cruciales para la prevención de este tipo de delitos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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