El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En el marco de una ofensiva militar desarrollada en el departamento de Arauca, el Ejército Nacional logró la captura de tres presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Estos individuos han sido señalados de participar en atentados contra el oleoducto Bicentenario, así como en diferentes ataques armados dirigidos no solo contra la Fuerza Pública, sino también contra la población civil de la región. La operación fue llevada a cabo a partir de información de inteligencia militar y judicial, la cual permitió identificar a los tres sujetos como miembros de la Comisión Martha Elena Barón, una estructura adscrita al mencionado frente del Eln.
Los operativos, que culminaron con la captura de los presuntos responsables, tuvieron lugar en la zona rural del municipio de Tame, puntualmente en las inmediaciones del centro poblado El Botalón. Según los reportes, los capturados estarían involucrados en actos considerados como terroristas, principalmente contra la válvula 26 del oleoducto Bicentenario, así como en hostigamientos en el sector de Corocito, conocido por la presencia de estructuras armadas ilegales.
Entre los capturados sobresale alias “Arley”, quien ya enfrentaba una condena por delitos como rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Las autoridades aseguran que “Arley” mantenía un fuerte control territorial en corredores rurales y viales del municipio de Tame, incluyendo la ruta Libertadores y otras veredas como La Primavera, Corocito, La Libertad y Barcelona, entre otras. Su influencia se extendía a múltiples comunidades rurales, donde la presencia del Eln es significativa.
Por su parte, alias “Patapicha” fue señalado especialmente por perpetrar secuestros de civiles, a quienes supuestamente obligaba a someterse a los denominados consejos de guerra del Eln, una práctica empleada por esa organización para intimidar a la población y ejercer dominio sobre los territorios rurales. El tercer detenido, alias “Mil Amores”, es acusado de ejecutar diversos delitos, entre ellos sicariato, extorsión, secuestros y la organización de retenes ilegales, además de adelantar inteligencia ilegal contra las fuerzas del Estado principalmente en Fortul y Tame.
Información revelada por fuentes de inteligencia militar apunta a que “Arley” y “Mil Amores” habrían tenido participación directa en atentados contra bases militares ubicadas en Puerto Jordán y Fortul, así como en ataques sistemáticos a la infraestructura petrolera. Tras su captura, los tres sujetos fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente, recibiendo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan los procesos legales en su contra.
La operación conjunta contó con la coordinación de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, realizando seis allanamientos que permitieron la incautación de un arsenal que incluía dos fusiles, seis escopetas artesanales, pistolas, granadas, munición de varios calibres, motocicletas, equipos de comunicación, y material relacionado con actividades de proselitismo armado.
Para más detalles acerca de justicia, seguridad y derechos humanos, se sugiere consultar la sección Judicial de El Espectador, fuente principal de la información expuesta en este informe.
¿Qué es un consejo de guerra dentro de la estructura del Eln?
Un consejo de guerra, según lo descrito por informes de las autoridades e información judicial citada por El Espectador, es un mecanismo que utiliza el Ejército de Liberación Nacional (Eln) para someter a la población civil a procesos de intimidación y control social. Estas sesiones las dirige el grupo armado en zonas rurales, donde citan a habitantes acusados de violar sus normas internas o desafiar su autoridad, y suelen terminar con castigos que van desde sanciones hasta actos violentos.
La relevancia de este mecanismo radica en que muestra cómo el Eln se ha consolidado como un poder de facto en regiones apartadas, administrando justicia por su propia mano. Estas prácticas ponen en evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a grupos al margen de la ley, almacenando un ambiente de constante temor e inseguridad. ¿Qué medidas adicionales pueden implementarse para proteger a los habitantes de estas zonas frente a la imposición de justicia ilegal por parte de organizaciones armadas?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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