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La noche del lunes 26 de enero fue escenario de un violento episodio en la zona rural del municipio de San Alberto, al sur del departamento del Cesar. Según el reporte oficial de la Estación de Policía, alrededor de las 9:10 p. m. se registró un ataque armado en el sector denominado La Arrocera, cercano a la finca Rivelandia. Este hecho dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer herida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Andrés Cubillos Zambrano, de 25 años; Cristian Fernando Vargas Jaimes, de 27 años, conocido con el alias de ‘Chita’; y un hombre, aún sin identificar formalmente, de nacionalidad venezolana, conocido como Yoendri, alias ‘Humito’. Dagny Daniela Martínez Valero, de 25 años, resultó herida y fue trasladada al hospital local Lázaro Alfonso Hernández Lara, donde recibe atención médica por una lesión en el mentón.
De acuerdo con el testimonio preliminar brindado por la mujer herida, el grupo de jóvenes se encontraba reunido, aparentemente consumiendo sustancias alucinógenas, cuando fueron sorprendidos por atacantes armados que, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones. La agresión, caracterizada por su brutalidad y por el hecho de que los perpetradores salieron desde la parte posterior de un potrero, desató pánico no solo entre quienes lograron huir, sino también en los barrios cercanos y las comunidades vecinas como Primero de Abril y Alto del Progreso.
El alcalde de San Alberto, Edgar Ricardo Díaz, expresó el profundo pesar de la administración municipal por este episodio violento y advirtió sobre la creciente crisis de seguridad. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios regionales, el mandatario señaló que, desde hace aproximadamente dos años, el municipio ha experimentado la presencia de grupos armados ilegales, inicialmente el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), seguido de grupos paramilitares. Esta situación ha traído consigo extorsiones, asesinatos y desapariciones, impactando el tejido social de una comunidad que históricamente se había considerado en paz.
Tras la masacre, se activó un dispositivo de seguridad en conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional para cerrar rutas de escape e intentar capturar a los responsables, quienes emprendieron la huida hacia el departamento de Norte de Santander. Durante el operativo, en el corregimiento de La Pedregosa, jurisdicción de La Esperanza, se presentó un enfrentamiento con sujetos armados que evadieron un retén policial, lo que culminó en la muerte de uno de ellos, la captura de una mujer herida y un civil lesionado colateralmente.
El alcalde anunció la convocatoria a un consejo de seguridad extraordinario con la participación de las principales autoridades civiles y militares, incluida la Fiscalía. La administración municipal pedirá al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental que adopten medidas contundentes para detener la escalada de violencia, que no solo afecta a San Alberto sino también a otros municipios del sur del Cesar como San Martín, Río de Oro y Aguachica. Mientras tanto, continúa el despliegue de la fuerza pública y las labores de inteligencia para esclarecer estos hechos y devolver la tranquilidad a la población.
¿Qué tipo de estructuras armadas ilegales operan en la región?
En el contexto de los recientes hechos de violencia, una pregunta clave gira en torno a las estructuras armadas ilegales presentes en el sur del Cesar. La presencia de estos grupos ha sido confirmada por los informes oficiales citados, y su accionar violento ha transformado la vida cotidiana de los habitantes de municipios como San Alberto.
Según lo expresado por el alcalde y de acuerdo con reportes policiales, en los últimos dos años han estado activos el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), seguido de grupos paramilitares que han incidido en prácticas como extorsión, desapariciones y homicidios. Entender la tipología y dinámica de estos grupos resulta crucial para dimensionar el desafío que enfrenta la región y la urgencia de respuestas institucionales integrales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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