En la subregión del Alto San Jorge, Córdoba, el incumplimiento de los acuerdos pactados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha despertado graves consecuencias en la vida de decenas de campesinos. Tras cuatro años de espera, las 2.913 familias inscritas sólo han recibido el 30 por ciento de los recursos que les debían ser entregados y no han podido dar inicio a los proyectos productivos.

Según el informe número 23° de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en la zona del Alto San Jorge, que comprende los municipios de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, entre las 2.913 familias campesinas vinculadas en este programa se lograron erradicar 978 hectáreas de cultivo de coca, cumpliendo con un 99 por ciento de lo pactado en el acuerdo colectivo.

A estas familias que se comprometieron de manera voluntaria a sustituir sus cultivos se les debía entregar, según el Plan de Atención Inmediata (PAI) descrito en el PNIS, 36 millones de pesos en un plazo de dos años. Pero hoy, cuatro años después de la firma del acuerdo colectivo, según la ART, 2.503 familias ya recibieron el total de 13.800 millones de pesos por concepto de Asistencia Alimentaria, 2.544 familias cuentan con el servicio de Asistencia Técnica, 2.417 están implementando los proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria (huertas caseras) y 296 recolectores han sido atendidos. Sin embargo, ninguna de estas familias ha implementado los proyectos productivos sostenibles que les hagan permitan hacer el cambio definitivo a una economía lícita sostenible.

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Además, este programa prometía la implementación del Plan Integral comunitario y municipal de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda), que abarca esencialmente obras de infraestructura social de ejecución rápida, proyectos de sostenibilidad y recuperación ambiental, formalización de la propiedad rural, proyectos de desarrollo social como guarderías rurales, entre otros. Por su parte la ART asegura que 324 iniciativas PNIS-PDET se encuentran “con ruta de implementación a través de la asociación de la iniciativa a un proyecto, contrato, convenio o gestión”.

Sin embargo, según comentan las familias campesinas la activación de estos planes no ha sido efectiva en la región del Alto San Jorge. “Había que transformar el territorio en estos dos años para que pudiéramos salir de los cultivos de coca; con los Pisda se debían construir carreteras para garantizar la comercialización de los productos pero nada de eso se ha cumplido” reclama, José David Ortega, líder campesino de la región.

Muchos sienten que si la situación sigue así un año más no habrá otra alternativa que volver a los cultivos de coca. Ya en la subregión San Jorge se evidencia la llegada de nuevas familias, no inscritas en el programa, que están llegando al territorio a sembrar. “Buscábamos ser un departamento libre de coca pero ya hay mucha gente en los territorios volviendo a los cultivos porque es lo único que saben hacer”, comenta Jorge Elías Ricardo, presidente Ascsucor.

Para muchas de estas familias campesinas el PNIS era la oportunidad para cambiar sus vidas, enviar a sus hijos a la universidad o invertirlo en sus negocios. Pero sobre todo tenían sus esperanzas puestas en que fuera una apuesta real para la transformación de los territorios y una salida a los conflictos que generaban las dinámicas de cultivo de coca en las comunidades. Ingris Romero, antigua cultivadora del corregimiento de Puerto Nuevo comenta que: “lo vimos como una opción, pensamos en trabajar y vivir diferente; no cultivábamos por elección sino porque la necesidad nos obligaba”.

Los campesinos insisten en que esto no se trata de unos “atrasos”, sino de un incumplimiento real de los acuerdos. El PNIS debía estar implementado en su totalidad en agosto del 2019 en la subregión del San Jorge,hoy queda el 70 por ciento por ejecutar. Según, Emiliano Martínez Argumedo, miembro del Movimiento Campesino de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) “lo que estaba pactado sólo quedó en el papel, estaba destinado para ser cumplido en dos años y ya vamos para cinco; desde que se hizo el acuerdo sólo el 30% se ha implementado. No sabemos dónde están o qué pasa con los proyectos productivos que estaban para mejorar la situación al campesino”.

La realidad es que las 2.913 familias que que antes recibían alrededor de dos millones de pesos bimensual por cada hectárea de cultivo de coca, ya no reciben ningún tipo de ingresos desde hace 2 años. Los 13.800.000 que recibieron por parte del gobierno no les alcanzó para tener un proyecto de alimentación sostenible. Sus condiciones económicas son cítricas y muchos están aguantando hambre. Consuelo, campesina inscrita como no cultivadora le dijo a Consonante: “la situación económica está durísima, el puestico de empanadas me tocó dejarlo caer, desde que empezaron a haber retrasos en el programa todo se fue para atrás, mi esposo vive de la pesca y nos toca salir a cambiarlo por yuca, plátano o arroz porque nadie compra, hay días en los que nos ha tocado acostarnos sin comer”.

Foto: Isabela Porras

Sumado a esto, muchas familias han decidido incluso irse. Algunos se han ido a los cascos urbanos a buscar nuevas oportunidades, otros se han ido a otros departamentos a trabajar en cultivos de coca. Poco a poco se ha ido debilitando el tejido social en los territorios. “Ya no se ve la misma dinámica; la gente antes estaba activa, había campeonatos, pero ya ni hay Junta de Acción Comunal porque ya no hay gente”, comenta Jorge Elías.

Por su parte, los líderes campesinos que han sido el puente de diálogo entre las familias y el gobierno para lograr implementar el programa, y quienes han asumido la responsabilidad de denunciar las problemáticas presentadas, manifiestan su preocupación por las recientes amenazas e intimidaciones a la que se ven expuestos. “Nos amenazaron a casi todos los campesinos que estábamos en ese paro porque no quieren que toquemos ese tema de las tierras”, expone Cervelion Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú-Asodecas. A esto se le suman los señalamientos de algunos campesinos que han venido perdiendo la confianza y los culpan por haberlos “engañado”.

Según Edgard Cuestas Zamora, Oficial Nacional de la MAPP-OEA, quien le ha hecho seguimiento a la implementación PNIS en Córdoba, hay varios obstáculos. Entre ellos: retrasos permanentes con los compromisos de pagos trazados en la hoja de ruta; inconvenientes de seguridad de UNODC para las visitas de verificaciones; la inoperancia de las instancias de seguimiento e implementación del programa, y retrasos en los procesos de formalización de la propiedad rural acordado el punto 1 del acuerdo de paz y en la adjudicación de tierras por parte de la ART. Pero insiste en que el problema macro se debe a la débil presencia del Estado y la desarticulación del gobierno.

A esto se le suma el reclamo de los campesinos por la falta de espacios de diálogo con las entidades territoriales sobre los avances del programa y la resistencia del gobierno en dar efectiva respuesta a sus reclamaciones. “Las comisiones de seguimiento ya no funcionan. Apenas llegó Duque enseguida acabó con esas instancias, ya solo sirven para que ellos vengan a rendir cuentas pero no ha solucionado nada”, afirma un líder que ha acompañado los proceso organizativos de los campesinos en la región y de quien nos reservamos el nombre por seguridad. Por su parte Jorge Elías cree que la mayoría de estos problemas se debe a la falta de voluntad política del gobierno. “Lo único que han logrado es afectar la confianza de la gente con el acuerdo de paz”, comenta.  

Además, denuncian inconsistencias en la entrega de los materiales de los proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria que debían entregar los operadores de asistencia técnica. Denuncian que muchas familias no recibieron el material completo, que hubo sobrecostos y que algunos animales llegaban incluso enfermos. “Hay que tomar medidas urgentes teniendo en cuenta que el día de hoy solo las veredas que hacemos parte de este núcleo podemos contar con un saldo de 12 cerdos muertos y más o menos un 80% del resto de cerdos enfermos”, reclama Emiliano.

Por su parte la ART argumenta que los problemas actuales son el resultado de una mala planeación desde el inicio. “Es importante resaltar que en el PNIS se recibieron casi 100 mil familias en 56 municipios, con promesas, pero con un programa mal planeado, sin ejecutar y desfinanciado”. 

Muchos campesinos guardan la esperanza de que el PNIS siga siendo una alternativa para que sus vidas mejoren y que pueda haber un desarrollo de estos territorios que dé fin a esa brecha que históricamente ha existido entre el campo y la ciudad. Pero para eso piden que se restablezcan los espacios de diálogo y concertación. Luz Dary, manifiesta: “nosotros hicimos un esfuerzo de cumplir para que nos cumplieran, nosotros no queremos volver atrás, estamos parados en la raya, esperando que nos cumplan.” 

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