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La cartera señaló que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional no constituye una justificación suficiente para trasladar este ajuste al precio del pasaje y, por tanto, a los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá.
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De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el incremento tarifario equivale a un aumento del 10,9 %, porcentaje que supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que históricamente ha sido una referencia clave en los análisis tarifarios del transporte público urbano, y el cual cerró 2025 en 5,1%. Para la cartera de Transporte, los costos laborales son solo una de las múltiples variables estructurales que inciden en la operación del sistema y no pueden ser evaluados de manera aislada.
El ministerio enfatizó que cualquier modificación en la tarifa debe estar respaldada por un análisis integral, técnico y financiero, que permita identificar de manera diferenciada qué componentes del costo se ajustan al IPC, cuáles están ligados al salario mínimo y cómo interactúan con otros factores determinantes, como la operación, la gestión contractual, los mecanismos de compensación y subsidio, así como el impacto del aumento sobre la demanda del servicio.
@pulzocolombia El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 en 5,10 % y esta cifra define el aumento de arriendos, peajes, pensiones, matrículas y más. #colombia #economia #inflacion ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou
En ese sentido, la entidad advirtió que el incremento de una sola variable, como el salario mínimo, no habilita un traslado inmediato y total del ajuste a la tarifa sin una evaluación rigurosa y debidamente sustentada.
De acuerdo con el marco normativo vigente, la definición de las tarifas del transporte público urbano es competencia de los entes territoriales, quienes deben fundamentar sus decisiones en estudios técnicos, operativos y financieros propios. No obstante, el Ministerio de Transporte recordó que cuenta con facultades técnicas para revisar y pronunciarse sobre la razonabilidad de los incrementos tarifarios, especialmente cuando estos generan impactos significativos en la ciudadanía y en la estabilidad del sistema.
Esta competencia, precisó la entidad, se ejerce en un contexto en el que la Nación ha sido un actor clave en la cofinanciación de la infraestructura troncal de Transmilenio. En esa línea, el Ministerio recordó la reciente aprobación del convenio de cofinanciación para la flota eléctrica de Bogotá y su extensión a Soacha, un acuerdo que, aunque no incide de manera directa en la definición de la tarifa ni compromete la operación y el mantenimiento del sistema, sí tendría efectos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Para el Ministerio de Transporte, este escenario refuerza la necesidad de “adoptar decisiones tarifarias técnica y fiscalmente responsables, que garanticen el equilibrio financiero del sistema sin afectar de forma injustificada a los usuarios.”
Por ello, el Ministerio, en articulación con la Superintendencia de Transporte, anunció que solicitará a Transmilenio S.A. el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el porcentaje de incremento tarifario. Este requerimiento incluirá la discriminación de los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a otros componentes relevantes, con el fin de emitir un concepto sobre la razonabilidad, proporcionalidad y coherencia del aumento anunciado.
La cartera de Transporte reiteró que este proceso busca salvaguardar el interés general y proteger a los usuarios del sistema, promoviendo decisiones informadas, transparentes y acordes con la realidad económica y social de la ciudad.
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