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La discusión sobre militarizar Bogotá ha atravesado un nuevo hito con la convocatoria oficial de un cabildo abierto, programado por el Concejo de la ciudad para el sábado 7 de noviembre. Este espacio tendrá lugar en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, en el norte de la capital, y se abrirá a la participación de ciudadanos, autoridades e impulsores de la propuesta. Esta convocatoria ocurre luego de que la Registraduría certificó 37.056 firmas válidas, superando el mínimo requerido para poner en marcha este mecanismo de participación. La iniciativa, promovida principalmente por el concejal Julián Uscátegui, busca debatir la posible asistencia militar en zonas de alta criminalidad como Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.
La propuesta llega en medio de un ambiente de posturas divergentes. Por un lado, sus promotores —entre ellos los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui— insisten en la necesidad de una respuesta estatal más contundente ante los elevados índices de delitos de alto impacto en varias localidades. Según cifras citadas por los proponentes, solo en 2024 estas tres zonas de la ciudad sumaron 533 homicidios, cifra que representa el 44 % del total de asesinatos en Bogotá para ese año. En contraste, la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán argumenta que Bogotá ya recibe apoyo militar. La Secretaría Distrital de Seguridad, a cargo de César Restrepo, señala que el Ejército integra desde hace tiempo los operativos junto con la Policía Metropolitana y otras unidades especializadas, pero considera que el foco debe estar en fortalecer la Policía, las capacidades de investigación y la respuesta judicial, pues la militarización no resolvería todos los desafíos de orden público.
El debate en torno a la asistencia militar también pone sobre la mesa la efectividad de esta medida para combatir distintos tipos de crímenes, como el hurto, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, fenómenos que en localidades como Bosa y Ciudad Bolívar presentan cifras tan o más preocupantes que los homicidios. Expertos citados por El Espectador indican que la simple presencia de soldados en las calles no garantiza la reducción de todos los delitos y que, ante amenazas como la violencia de género, se requieren estrategias de justicia, prevención y protección.
En cuanto al marco legal, la asistencia militar está prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, el cual señala que solo puede aplicarse en situaciones excepcionales y bajo decisión del presidente de la República, guardando siempre los principios constitucionales y no implicando un control militar total de la ciudad. La Corte Constitucional en la sentencia C-100 de 2022 subrayó esos límites, recordando que las Fuerzas Militares pueden ofrecer apoyo pero no sustituir las funciones policiales.
¿Cómo puede inscribirse un ciudadano para intervenir en el cabildo abierto sobre militarización en Bogotá?
La inscripción para intervenir en el cabildo abierto requiere que las personas interesadas envíen su solicitud, acompañada de un resumen de su intervención, al correo cabildoabierto2026@concejobogota.gov.co, teniendo en cuenta que el plazo de inscripción vence el martes 3 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. Toda la información necesaria sobre requisitos y condiciones está disponible en la página web oficial del Concejo de Bogotá.
¿Qué implica legalmente la asistencia militar y cuál es su diferencia con el apoyo militar actual en Bogotá?
La asistencia militar, según el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, es un mecanismo excepcional activable solo ante amenazas graves a la seguridad, por decisión presidencial. Aunque el Ejército ya opera en labores de apoyo, la figura legal significa un refuerzo temporal y formal, regulado por los límites fijados por la Corte Constitucional en 2022, y no equivale a militarizar automáticamente la ciudad ni entregar la autoridad civil al mando castrense.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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