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Bogotá se prepara para presenciar un momento crucial en la modernización de su infraestructura vial con la implosión controlada de los puentes vehiculares en la intersección de la avenida de Las Américas y la Calle 13. Esta zona, uno de los puntos de movilidad más críticos y congestionados en el occidente de la ciudad, se transformará el domingo 12 de octubre, cuando la localidad de Puente Aranda será testigo de un complejo operativo que implica mucho más que la simple demolición de concreto. El evento anticipa transformaciones significativas en la conectividad y la calidad de vida para miles de ciudadanos.
El proyecto denominado Nueva Calle 13, liderado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), busca resolver problemáticas acumuladas a lo largo de décadas, entre ellas atascos persistentes, inseguridad vial y falta de integración entre el centro y el occidente bogotano. Esta intervención, que representa una inversión cercana a $1.7 billones de pesos según datos presupuestales del IDU para 2024, apuesta por una visión donde la renovación vial se traduce en una mejora integral de la movilidad. Ingenieros consultados por El Espectador resaltan que la reconfiguración de este corredor no solo aumentará la capacidad vehicular: también permitirá la integración de sistemas de transporte masivo y mejorará opciones para la movilidad activa, un componente esencial en una urbe donde el 72% de los viajes se hacen a pie, en bicicleta o en transporte público según la Encuesta de Movilidad 2023 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
No obstante, la demolición con explosivos de los actuales puentes representa un desafío especialmente en materia de seguridad ciudadana. El IDU coordina minuciosamente con Bomberos, Policía, empresas de servicios públicos y la Secretaría de Salud de Bogotá para mitigar riesgos. Carlos Moreno, director de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Civiles, advirtió en El Espectador sobre las posibles afectaciones por vibraciones y polvo, que podrían impactar especialmente a quienes viven cerca y a personas con afecciones respiratorias o cardíacas. Por ello, las autoridades han dispuesto un cierre total del perímetro, solicitando a la comunidad seguir estrictas recomendaciones y reportar cualquier incidencia.
La transformación de este corredor vial también enfatiza debates urbanos más profundos. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), citado en reportajes de Semana, destaca que obras anteriores provocaron conflictos sociales por escasa consulta y seguimiento a los impactos sobre comercios y residencias. Esta vez, el IDU asegura haberse reunido con la comunidad, aunque organizaciones civiles piden una comunicación aún más transparente, especialmente después de la implosión.
El debate trasciende la obra física y aborda el modelo de ciudad priorizado en Bogotá. Según un informe de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, recogido por La Silla Vacía, apenas el 28% de los más de 6 millones de viajes diarios se hace en vehículo particular. El reto, entonces, es articular corredores como este con sistemas de transporte público y rutas para bicicletas, avanzando hacia una movilidad sostenible e incluyente.
Finalmente, el proceso de la implosión será un test para la gobernanza urbana. De la gestión y atención a eventuales daños, así como de la transparencia y seguimiento, dependerá que la experiencia no repita errores del pasado, como los documentados en la construcción de la Avenida 68. Solo a mediano plazo los ciudadanos podrán valorar si la promesa de movilidad moderna y segura se convierte en realidad, transformando este megaproyecto en un referente de planificación urbana donde la infraestructura conecta barrios, oportunidades y vidas.
¿Por qué es importante la consulta previa con comunidades en proyectos de infraestructura vial?
En proyectos de gran impacto urbano, como La Nueva Calle 13, la falta de consulta previa y seguimiento puede dar lugar a conflictos sociales y económicos. Las experiencias precedentes, reportadas por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), evidencian que la no inclusión de comerciantes y residentes en etapas tempranas del proceso ha provocado tensiones, desplazamientos y descontento ciudadano. En este caso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) señala que se organizaron espacios participativos, pero organizaciones civiles insisten en la necesidad de hacer de la comunicación un proceso permanente, en especial después de la fase constructiva.
La consulta previa permite identificar riesgos, gestionar expectativas y establecer canales de diálogo directo, lo que reduce riesgos de inconformidad y facilita la solución de problemas derivados de la obra. Con ello, se incrementa la legitimidad social del proyecto y se evitan impactos sociales negativos, fortaleciendo la cohesión entre institucionalidad y comunidad.
¿Qué implica una implosión controlada y por qué es preferida en proyectos urbanos?
Una implosión controlada es una técnica de demolición que utiliza explosivos específicamente calculados para que una estructura de gran tamaño, como un puente, colapse sobre sí misma en un entorno delimitado y con riesgo minimizado. Este método, ampliamente utilizado en proyectos urbanos de alto tráfico, es seleccionado cuando las condiciones del espacio impiden eliminar los elementos por métodos convencionales, y se busca evitar afectaciones mayores a las edificaciones y el flujo vehicular circundante.
En el caso de la Calle 13, expertos como Carlos Moreno, director de la Sociedad Colombiana de Ingenieros Civiles, advierten que, si bien la técnica es eficiente y segura cuando se siguen todos los protocolos, puede ocasionar vibraciones o dispersión de polvo que afecta a residentes cercanos y personas vulnerables. Por ello, la coordinación entre entidades y la comunicación eficaz con la comunidad son fundamentales para el éxito del operativo y la protección ciudadana.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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