Colados pueden terminar en la cárcel: lo último que pasó es realmente grave y piden medidas
El debate se volvió a prender luego de que un joven fuera atacado con un arma blanca cuando, en cumplimiento de su trabajo, impidió a un colado el ingreso.
La muerte de Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias que puede tener evadir el pago del pasaje y, sobre todo, lo que ocurre cuando esa conducta termina en agresiones o daños dentro del sistema.
Garzón, de 27 años, murió el viernes 18 de septiembre después de recibir dos heridas con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha, mientras cumplía labores de control a la evasión. Según las versiones conocidas del caso, el trabajador intervino ante una pareja que pretendía ingresar a TransMilenio sin pagar y terminó siendo atacado. Dos personas fueron capturadas y posteriormente enviadas a prisión mientras avanza el proceso judicial.
El caso abrió nuevamente la discusión sobre qué consecuencias legales puede tener una persona que intenta ingresar al sistema sin pagar. El exfiscal Francisco Barbosa explicó en La FM que colarse, por sí solo, corresponde a una infracción de Policía y no tiene necesariamente una consecuencia penal.
Sin embargo, Barbosa advirtió que la situación cambia cuando la evasión está acompañada de otras conductas. Según explicó, si una persona se cuela y, en ese contexto, destruye infraestructura, agrede a funcionarios o afecta el funcionamiento del sistema, puede entrar en el terreno de los delitos.
El exfiscal mencionó específicamente el delito de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, contemplado en el artículo 353 del Código Penal. Esta norma establece “una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa, para quien, por cualquier medio ilícito, imposibilite la circulación o dañe vehículos o medios destinados al transporte público”.
Es decir, no significa que cualquier persona que salte un torniquete vaya automáticamente a prisión. Para que exista responsabilidad por este delito deben cumplirse las condiciones establecidas en la norma y corresponde a las autoridades judiciales determinar si una conducta específica encaja en el tipo penal.
La explicación cobra especial relevancia después del asesinato de Cristian Garzón. TransMilenio confirmó que el trabajador pertenecía a una escuadra antievasión y lamentó que una situación relacionada con el ingreso al sistema terminara con la muerte de uno de sus colaboradores.
Barbosa también cuestionó la idea de que en Colombia no existan herramientas legales para enfrentar estos comportamientos. En su intervención señaló que las normas sí existen, aunque planteó que uno de los problemas está en la aplicación efectiva de esas disposiciones por parte de las autoridades.
El artículo 353 del Código Penal lleva años vigente y establece expresamente la pena de cuatro a ocho años para la conducta allí descrita.
Así, el caso de Cristian Garzón deja una discusión que va más allá de pagar o no un pasaje: cuando la evasión escala hasta convertirse en una agresión, daños o una afectación al funcionamiento del transporte, las consecuencias pueden pasar del ámbito de Policía al penal.
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