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En un reciente debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá, el concejal Marco Acosta, lanzó una advertencia que pone en el centro de la agenda pública el sistema de abastecimiento de agua en la capital del país.
Según Acosta, la ciudad enfrenta un escenario de alto riesgo de volver al racionamiento de agua para 2026 en caso de que no se adopten medidas estructurales que generen la reducción de dependencia del Sistema Chingaza y se genere una fortaleza en la gestión integral de este recurso hídrico.
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El concejal dijo que, pese a que los niveles de los embalses han mostrado una recuperación parcial en los últimos meses, la situación se debe interpretar como garantía de estabilidad.
Asimismo, mencionó que las tendencias generales continúan a la baja, sobre todo en Chingaza que es el que suministra el 70 % de agua potable que se consume en la ciudad.
“Bogotá no puede seguir esperando a que llueva. Una mejora temporal en los embalses no equivale a seguridad hídrica. Sin decisiones preventivas, en 2026 podríamos enfrentar nuevamente racionamientos”, afirmó el cabildante.
Según la información que presentó Acosta, el sistema Chingaza tiene un registro actual promedio que se acerca al 67 % de la capacidad. Esta cifra, aunque superior a la observada en los momentos más críticos del último racionamiento, resulta preocupante si se tiene en cuenta que abastece diariamente a más de seis millones de personas y que depende de un régimen de lluvias cada vez más irregular.
En este contexto, Acosta subrayó que las precipitaciones registradas en la ciudad no reflejan necesariamente el comportamiento climático en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde se originan las principales fuentes de agua.
Hurto de agua se ha convertido en un problema importante para la ciudad
Uno de los aspectos más preocupantes que abordó el concejal fue el aumento del hurto y la defraudación de fluidos, una práctica ilegal que, según el concejal, no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también debilita la infraestructura y afecta la presión del servicio.
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De esta manera, destacó que en 2025, los procesos penales por este delito crecieron un 66 %, mientras que el valor económico de los fraudes pasó de $9.159 millones en 2024 a $16.582 millones en 2025. Solo en noviembre del año pasado se gestionaron más de $4.181 millones por agua no registrada.
Asimismo, se informó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá logró recuperar cerca de seis millones de metros cúbicos de agua en 2025, lo que representa un incremento del 48 % frente al año anterior.
Por último, el concejal cuestionó la ausencia de una matriz de riesgo hídrico actualizada, la lenta ejecución de proyectos de reutilización de aguas lluvias y residuales, y la falta de una estrategia clara frente a la expansión urbana.
“La seguridad hídrica no se improvisa. O actuamos ahora con decisiones técnicas y corresponsabilidad ciudadana, o Bogotá volverá a abrir la llave y no encontrará agua”, concluyó.
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