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La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ha reportado una grave situación de suplantación de funcionarios públicos en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, donde estafadores utilizan identidades falsas para engañar a los beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Según información oficial, los impostores fingen ser empleados de la SDIS y buscan que personas mayores entreguen el dinero recibido por concepto de ayuda estatal, argumentando que se trata de una devolución obligatoria. Estas acciones fraudulentas afectan no solo la estabilidad económica de los hogares más vulnerables, sino también la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de apoyo social impulsados por el Distrito.
Los delincuentes emplean una estrategia de llamadas telefónicas en las que una supuesta “directora de apoyo económico” amedrenta a los beneficiarios, prometiendo enviar funcionarios para recoger el dinero. La SDIS ha reiterado que ningún integrante de la entidad está autorizado a solicitar devoluciones, cobros o visitas domiciliarias, y que los recursos se distribuyen exclusivamente a través de plataformas financieras reconocidas como Daviplata, Nequi, Movii, Dale y Efecty. Ante esta problemática, la entidad insiste en que los beneficiarios deben evitar compartir datos personales o entregar dinero a cualquier persona que afirme ser funcionario público.
La suplantación de funcionarios públicos y los fraudes asociados a programas sociales representan un desafío constante en América Latina, como han destacado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial en sus investigaciones. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de estafas afecta especialmente a los adultos mayores, quienes enfrentan barreras de acceso a la información financiera y tecnológica, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a operativos delictivos bien organizados.
En respuesta, la Policía Metropolitana de Bogotá y la SDIS han implementado una serie de estrategias para identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables. Las autoridades han hecho un llamado insistente a la comunidad para reportar inmediatamente cualquier intento de fraude a la línea 123 o a los canales oficiales, subrayando la importancia de difundir esta información entre las personas mayores y sus familias para disminuir el riesgo de nuevas víctimas.
Este incidente pone en evidencia el papel clave que juegan los sistemas de verificación y comunicación dentro de los programas sociales. De acuerdo con investigaciones de periodismo de datos citadas por LatAm Journalism Review, mantener procesos claros y transparentes, así como educar periódicamente a los beneficiarios acerca de los canales legítimos de entrega y contacto, son medidas esenciales para prevenir la manipulación por parte de estafadores.
La confianza en las instituciones públicas depende en gran parte de la claridad y seguridad en la información que ofrecen. En este sentido, la SDIS recalca el uso de canales seguros y formalizados para el contacto con los usuarios. Además, reportes de El Espectador y la Fundación Gabo advierten que, tras la pandemia de COVID-19 y la rápida digitalización de subsidios estatales en Colombia, surgieron nuevas brechas tecnológicas aprovechadas por los delincuentes, lo que resalta la necesidad de fortalecer la educación digital y financiera entre la población beneficiada.
Atajar la suplantación de funcionarios y las estafas en los programas de ayudas sociales exige involucrar a autoridades, periodistas y sociedad civil en una vigilancia activa y colaborativa. Solo así se podrá asegurar el respeto a los derechos económicos de los adultos mayores y la eficacia del Ingreso Mínimo Garantizado, vital para la protección social de los sectores más vulnerables en Bogotá.
¿Qué puede hacer un beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado si sospecha de un intento de fraude? Ante cualquier sospecha de fraude o intento de suplantación por parte de supuestos funcionarios, es fundamental que el beneficiario conserve la calma, no entregue información personal ni dinero y reporte inmediatamente el incidente a la línea 123 o a los canales directos de la Secretaría Distrital de Integración Social. Este procedimiento ayuda a las autoridades a identificar y frenar a los responsables. La prevención se refuerza al compartir la información con familiares y vecinos, especialmente adultos mayores, promoviendo una red de protección comunitaria que dificulte las acciones de los estafadores.
Además, consultar regularmente las comunicaciones y avisos oficiales en los canales autorizados por la SDIS y operadores financieros es clave para mantenerse actualizado sobre las dinámicas del programa. Dar a conocer cualquier irregularidad también contribuye a mejorar los mecanismos de vigilancia y respuesta, fortaleciendo la integración de la comunidad en la defensa de los programas asistenciales.
¿Qué significa “Ingreso Mínimo Garantizado” y cómo se entrega este beneficio? El término Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) hace referencia a un programa social de la Alcaldía de Bogotá que busca brindar un apoyo económico mensual a hogares en condiciones de vulnerabilidad, asegurando un ingreso básico para cubrir necesidades fundamentales. Este beneficio se otorga a través de transferencias directas, mediante canales financieros reconocidos como Daviplata, Nequi, Movii, Dale y Efecty, garantizando la seguridad y confidencialidad de cada transacción para que los beneficiarios no enfrenten riesgos de suplantación o fraude.
La SDIS recalca que sus funcionarios nunca solicitan devoluciones ni cobros domiciliarios, y cualquier inquietud puede ser resuelta consultando directamente la información oficial publicada o llamando a los canales de atención distrital. Esta política de claridad busca fortalecer la confianza ciudadana en la transparencia y eficacia del programa IMG.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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