El debate por los retrasos y abandono de la obra de reforzamiento y modernización de la Unidad Deportiva El Salitre llegó una vez más a la plenaria del Concejo de Bogotá, en donde quedaron las dudas sobre la manera en cómo se licitó la adjudicación del contrato, su ejecución y los procedimientos de la empresa con la que se firmó la obligación contractual.

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El proceso de remodelación de la Unidad Deportiva el Salitre entró en refuerzo estructural en diciembre del 2018, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa. La obra fue adjudicada a la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain por un valor de $ 11.816.242.707.

De este valor, según lo expuesto durante el reciente debate por el concejal de la Alianza Verde, Julián Espinosa, al contratista se le entregó un anticipo de $ 4.585.171.711. La firma dejó la obra abandonada, perjudicando a 250 mil deportistas que practicaban diferentes disciplinas.

La Unión Temporal estaba conformada por las firmas INCOEQUIPOS (Ingenierías Construcciones y Equipos Incoe S.A.S.), Asecaf y Construcciones Maja S.A.S.

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Según las indagaciones del cabildante Espinosa, la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento Asemain, se ganó el contrato gracias a que la licitación pública se hizo “a la medida”. Por ejemplo, en la etapa precontractual, “hubo un incumpliendo al adaptar en una sola certificación once contratos como si se tratara de uno solo. Dicha situación, fue alertada por otros oferentes, pero el comité evaluador hizo caso omiso”.

Espinosa reveló que, otro de los miembros de la Unión Temporal San Antonio, la empresa Asecaf S.A.S., tenía antecedentes, cuando hizo parte de la renovación de la PTAR de Puerto Mallarino, en la cual presentó una certificación bancaría de ITAÚ, casi idéntica a la presentada en el caso Centros Poblados, que las directivas de la entidad bancaria señalaron como falsa. Cosa que también fue pasada por alto por el comité jurídico y técnico.

“Todo en este entuerto jurídico huele mal desde donde se le mire, cómo es posible que la interventoría inicial, Consorcio SB, se haya visto obligada a ceder el contrato porque uno de sus miembros estaba inhabilitado; aunque menos mal cedieron el contrato, ya que durante sus revisiones pasaron por alto detalles como que las facturas no coincidían con los gastos”, explicó Julián Espinosa. La interventoría, consorcio SB, aprobó los desembolsos por un valor de $ 4.577.216.641 de los cuales nunca se legalizaron.

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De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría Distrital, las investigaciones de responsabilidad fiscal, encontraron a 10 personas que se encuentran vinculadas en este incumplimiento.

La concejala Lucía Bastidas por su parte, recordó que, durante la administración de Enrique Peñalosa, en el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, se adjudicaron más de 200 procesos de contratación todos mediante licitación y que solo el de la Unidad Deportiva El Salitre presentó fallas por el incumplimiento del contratista y que desde el 2021 se hicieron las primeras advertencias.

Bastidas cuestionó que durante el proceso administrativo que busca sancionar al contratista que incumplió con la ejecución de la obra se hallan celebrado 53 audiencias públicas, cuando según ellas, “con un máximo de cinco bastaban”.

Recordó además que, por mal manejo del anticipo entregado para el inicio de la obra, la Alcaldía de Peñalosa puso en conocimiento a la Fiscalía para que indagara sobre el asunto.

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Blanca Inés Durán, actual directora del IDRD explicó que la entidad ha realizado el trabajo jurídico necesario para desentrabar la obra y tratar de solucionar los problemas legales que existen y que están perjudicando a los diferentes deportistas en Bogotá.

Dijo además que la interventoría contratada por la Administración de Enrique Peñalosa, en ningún momento alertó sobre posibles riesgos ni había medidas contundentes y que por tanto no se podía sancionar.

Según la explicación que dio la funcionaria, el contratista inicial no estaba cumpliendo con los pagos a proveedores, ni al personal de la obra y según ella, “es extraño que la administración del momento no lo haya notado”.

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Durán aseguró que culminado el contrato se interpusieron acciones en la Fiscalía para que diera apertura a las investigaciones.

El IDRD adelanta acciones como la declaración del siniestro y resolviendo los recursos para desentrabar la obra y dar cumplimiento a los procesos sancionatorios.

La Unidad Deportiva el Salitre ha servido como escenario para la formación de miles de deportistas jóvenes en Bogotá, en diferentes categorías que hoy se encuentran dispersos por la ciudad por cuenta del incumplimiento de la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain.

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Las instalaciones de este centro deportivo, de acuerdo a la investigación del concejal Julián Espinosa, se encuentran se encuentra destechada en el módulo A y B; el piso de las ligas esta descubierto; en los baños, no hay enchapes de pared, ni de piso; las paredes están en ladrillo; en la zona norte no hay ladrillo y se encuentra construido en Dry Wall y la cimentación presenta varias piezas estructurales con sus respectivos hierros fundidos en concreto para montar las estructuras metálicas nuevas.

Por este hecho los órganos de control en Bogotá y la Fiscalía General de la Nación abrieron los procesos respectivos para recuperar los dineros entregados y encontrar a los responsables de lo que algunos consideran como “un nuevo elefante blanco”.