Por: EL PILON SA

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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 13, 2025 - 10:22 pm
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El pasado miércoles 13 de agosto, la Sala de Audiencias de la Procuraduría Regional del Cesar fue el escenario de una reunión clave para abordar la protección y recuperación del río Guatapurí, el más relevante afluente de Valledupar y símbolo de la identidad cultural y ambiental de la región. Diversas entidades gubernamentales y ambientales respondieron a la convocatoria, con especial protagonismo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), encargada de liderar la gestión ambiental. El objetivo principal era presentar avances concretos en la implementación de sentencias judiciales que buscan mitigar décadas de contaminación y uso inadecuado de este vital recurso hídrico, cuya degradación ha colocado en alerta a autoridades, expertos y comunidades locales.

Según lo expuesto en la reunión y de acuerdo a informes oficiales de Corpocesar, la gestión ambiental en la cuenca del Guatapurí se apoya en la ejecución y supervisión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Estos instrumentos buscan frenar la contaminación y promover prácticas sostenibles, tanto con la vigilancia a gestores autorizados de residuos de construcción y demolición (RCD), como a la disposición final de desechos sólidos que abundan por el mal manejo y la expansión urbana de Valledupar. El informe de la entidad resaltó la supervisión constante para evitar que residuos ilícitos lleguen a las aguas del Guatapurí, ya que la presencia de contaminantes enloda la calidad del agua y compromete la diversidad biológica del ecosistema local.

Uno de los problemas más críticos abordados fue la detección de vertimientos no autorizados de granjas porcinas ubicadas en la margen derecha del río. Según datos de Corpocesar (Reporte Ambiental 2024), las descargas ilegales de aguas residuales de origen pecuario incrementan los niveles de nitrógeno y fósforo, lo que da lugar a procesos de eutrofización: un fenómeno que implica el crecimiento excesivo de algas y la consiguiente reducción de oxígeno en el agua, con devastadoras consecuencias a mediano y largo plazo para peces y otras especies acuáticas. Estas prácticas ponen en jaque la salud pública y vulneran actividades económicas como el turismo y la pesca artesanal, fundamentales para cientos de familias de la región.

El uso indebido y la captación ilegal de agua fue otro asunto central, sobre todo porque incide en la reducción del caudal del Guatapurí, especialmente en épocas de sequía que ya afectan notablemente el equilibrio ecológico y social de la zona. Según reportes de la Alcaldía de Valledupar (Informe POT 2023), estos conflictos alrededor del acceso al agua se agravan por los asentamientos informales que han proliferado en las zonas de protección ribereña. Estas ocupaciones irregulares no sólo impactan el bosque de ribera y los procesos de restauración, sino que complejizan la gestión territorial prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.

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La dimensión institucional fue otro foco de atención: Corpocesar anunció la puesta en marcha de un plan para descongestionar la Oficina Jurídica, orientado a acelerar los procesos sancionatorios contra infractores medioambientales. Un informe de la Procuraduría General (2025) advierte que la eficacia en la persecución de faltas ambientales es indispensable para fortalecer la autoridad estatal y disuadir nuevas transgresiones, reto común en muchas regiones de Colombia marcadas por conflictos de uso del territorio y gestión de recursos naturales.

Adicionalmente, se realizaron jornadas educativas y de sensibilización ambiental dirigidas a habitantes de sectores emblemáticos como el Balneario Hurtado, en las que se enfatizó la responsabilidad ciudadana en la recuperación del río. Iniciativas como estas, según expertos citados por el Programa de Educación Ambiental de la Universidad del Norte (2024), resultan fundamentales para construir una identidad colectiva que promueva el cuidado sostenible de los recursos hídricos.

Finalmente, el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica fue abordado a través de la firma de contratos para la ejecución de labores como reforzamiento de orillas, control de erosión y optimización del manejo de aguas pluviales. Estas obras, coordinadas con la Gobernación del Cesar y Emdupar, persiguen contrarrestar el deterioro ambiental, prevenir desbordamientos y asegurar, gradualmente, una mejor calidad de agua, en concordancia con los lineamientos de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo Ambiental (2025).

En síntesis, la reunión organizada por la Procuraduría Regional del Cesar evidencia pasos concretos y la necesidad de profundizar la colaboración institucional y comunitaria para garantizar la recuperación a largo plazo del río Guatapurí, cuyo estado ambiental sigue siendo desafío prioritario para la región.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué es la eutrofización y cómo afecta al río Guatapurí?

La eutrofización es un proceso en el que cuerpos de agua, como ríos y lagunas, reciben un exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, resultado muchas veces de vertimientos no autorizados provenientes de actividades agropecuarias y residuales. Según Corpocesar, este fenómeno ocasiona un crecimiento acelerado de algas y plantas acuáticas que, al descomponerse, agotan el oxígeno del agua y afectan a peces y otras especies.

En el caso del río Guatapurí, la eutrofización ha generado preocupación, ya que además de poner en riesgo la biodiversidad, compromete la calidad del agua utilizada para consumo humano, actividades recreativas y económicas. Por ello, los planes de saneamiento y monitoreo cobran vital importancia para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un uso sustentable de sus recursos.

¿Qué acciones puede tomar la ciudadanía para contribuir a la recuperación del río Guatapurí?

La ciudadanía juega un rol fundamental en la conservación de los recursos hídricos. Expertos del Programa de Educación Ambiental de la Universidad del Norte indican que la participación activa en jornadas de limpieza, la correcta disposición de residuos y la denuncia de actividades ilícitas son acciones claves para reducir la contaminación.

La sensibilización y educación ambiental, promovidas por las autoridades, tienen como objetivo transformar hábitos y actitudes colectivas, fomentando el respeto y el sentido de responsabilidad hacia el río Guatapurí. Así, la colaboración entre instituciones y comunidades es el camino para lograr la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de la población a largo plazo.

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