 
    El pasado 24 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció finalmente un incremento de 9,54% en el salario mínimo para el 2025, con lo que la nueva cifra de remuneración para los trabajadores quedó en $ 1’423.000 mensuales.
(Vea también: Salario mínimo de Colombia no es tan atractivo en América Latina; hasta Bolivia lo supera)
A ese número debe sumársele el auxilio de transporte, que quedó en $ 200.000, con lo que una persona que devengue el mínimo recibirá $ 1’623.000 cada mes.
Desde el Gobierno Nacional hubo júbilo al entregarles la noticias a los colombianos sobre el nuevo salario mínimo, aunque para opositores y empresarios se trató de una mala jugada ya que estiman que el aumento es elevado y no concuerda con la realidad económica del país.
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Álvaro Uribe Vélez también habló en redes y allí se mostró en desacuerdo con la decisión de Gustavo Petro y su equipo. El expresidente consideró que en Colombia debe buscarse “un salario mínimo alto, pero que pueda ser perdurable”.
Esa opinión iba enfocada a que los beneficios económicos y la disminución de horas en la jornada laboral necesitan que “las empresas y lo empleadores tengan impuestos reducidos, normas laborales menos rígidas, seguridad y gobiernos austeros”, para ser sustentables.
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                En ese punto, Uribe le tiró la pulla a Petro argumentando que “es mejor un peso de inversión por el empresario o de salario al trabajador, que un peso de impuestos al Estado” y señaló que en el Gobierno actual “hay derroche y corrupción”.
El exmandatario señaló que Colombia podría ir en el camino del incremento de los “empleos informales y precarios, con contratos de medio tiempo” y sin importantes beneficios como el pago de “dominicales, festivos y seguridad social”.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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