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La audiencia sobre el destino de las obras viales en Caldas, que involucran una controversia millonaria entre la Gobernación, el contratista y la aseguradora, experimentó otro aplazamiento luego de 25 minutos de discusiones. El secretario de Infraestructura, Jorge Ricardo Gutiérrez, tomó la decisión de postergar este encuentro, basándose en los argumentos expuestos por Gilzans Yesid Martínez Prieto, en representación de Seguros del Estado, y Carlos Medina Ruiz, abogado que defiende los intereses del contratista. Esta resolución pone de manifiesto la complejidad del proceso y la divergencia de posturas acerca de las responsabilidades sobre el retraso de la obra, que debió finalizarse en enero de 2024.
La defensa del contratista centró sus intervenciones en la supuesta carencia de documentos que consoliden el incumplimiento señalado por la Gobernación de Caldas. Según expuso el abogado Medina Ruiz, no existen soportes claros que comprometan formalmente a su cliente por el cese de los trabajos. Paralelamente, el representante de Seguros del Estado solicitó expresamente la revocatoria de cualquier decisión previa que involucre a la aseguradora, exigiendo su exclusión de las posibles sanciones que puedan derivarse de este proceso.
Como consecuencia de estos descargos, la Secretaría de Infraestructura determinó suspender la audiencia y reprogramarla para el 5 de noviembre a las 2:30 p. m., con la esperanza de alcanzar una resolución definitiva. Por el momento, la sanción económica propuesta asciende a $268.546.259, considerando una espera de 21 meses y el incumplimiento de la meta de entregar los trabajos en el plazo original. Cabe recordar que el consorcio encargado gozó de prórrogas, siendo el 7 de abril la última fecha límite, pero el bajo ritmo de ejecución justificó que la Gobernación iniciara acciones legales y aplicara medidas disciplinarias.
Aunque oficialmente el incumplimiento se califica como parcial, la Gobernación de Caldas señala un avance del 93,87% en la ejecución de la obra. Sin embargo, versiones de veedurías ciudadanas, expuestas ante la Asamblea de Caldas, estiman que este porcentaje no supera el 70%, pues persisten irregularidades y zonas inconclusas entre los tramos habilitados. Esta disparidad en las cifras y percepciones refuerza el ambiente de incertidumbre sobre el futuro del proyecto y el desenlace de la controversia. Los actores implicados parecen seguir enfrentados en torno a la interpretación y verificación de los avances y las responsabilidades contractuales, lo que ha derivado en demoras adicionales y en la imposición de multas potenciales.
¿Qué ocurrirá si la audiencia definitiva programada para noviembre tampoco logra resolver la controversia entre la Gobernación, el contratista y la aseguradora?
Esta pregunta cobra relevancia ante la persistente falta de acuerdo y los repetidos aplazamientos en la resolución del conflicto. La audiencia fijada podría ser una oportunidad crucial para cerrar este ciclo de disputas, pero la historia reciente muestra que las diferencias entre las partes son profundas.
Si no se llega a una resolución clara, es probable que se prolongue la incertidumbre sobre el destino de los recursos públicos invertidos y el impacto sobre las comunidades que aguardan la finalización de la obra. Además, la posibilidad de nuevas acciones legales o sanciones adicionales podría aumentar los tiempos y costos para todas las partes involucradas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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