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La tarde del sábado 17 de enero fue escenario de un incidente que ha encendido las alarmas en el departamento de Nariño: un vehículo oficial de la Gobernación fue atacado con disparos en momentos en que retornaba hacia Pasto tras una agenda de actividades institucionales en el municipio de La Llanada. El automotor, que formaba parte de una caravana compuesta por al menos 15 vehículos, transportaba funcionarios entre los que se encontraba la subsecretaria de Minas de la administración departamental. A pesar de la gravedad del episodio —uno de los proyectiles impactó en el vidrio de la camioneta—, afortunadamente no se registraron heridos.
Según informó El Diario, la comitiva acababa de concluir actividades oficiales relacionadas con el lanzamiento de un programa enfocado en la creación de una promotora minera, una estrategia dirigida a organizar y formalizar la minería en los 64 municipios de Nariño. La función de este programa es fundamental en una región donde la minería, en muchas ocasiones, se desarrolla al margen de la legalidad, constituyendo no solo un desafío económico sino también de seguridad.
Las autoridades, encabezadas por la Gobernación de Nariño y el secretario de Gobierno Freddy Gámez, han puesto en marcha investigaciones para esclarecer si el ataque estaba destinado específicamente al gobernador Luis Alfonso Escobar. Se ha señalado que el vehículo atacado posee características similares al que el mandatario suele utilizar; sin embargo, en atención a recomendaciones de seguridad, el gobernador no viajaba en ese automotor y optó por una ruta alterna como medida preventiva.
Los disparos provinieron de un punto aún por determinar, lo que obligó a la caravana a acelerar su marcha y abandonar con premura el lugar del ataque. Según fuentes oficiales, ninguna de las personas que integraban la delegación resultó herida y todas lograron llegar a su destino en Pasto sin más contratiempos.
Este hecho ocurrió poco después de que el gobernador y su equipo directivo visitaran explotaciones auríferas en La Llanada, en el contexto de una política gubernamental que apuesta por la formalización minera y el fortalecimiento de la legalidad en zonas históricamente impactadas por la minería ilegal. La intención de la administración departamental es consolidar una promotora minera público-privada que integre la regulación territorial y el desarrollo económico de la región.
Las alertas en materia de seguridad se incrementaron en virtud de advertencias previas de la Fiscalía General de la Nación, la cual había notificado al gobernador sobre amenazas contra su vida, presuntamente vinculadas con economías ilegales como la minería ilícita y el narcotráfico. Además, el secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, Alex González, explicó que ya se ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el fortalecimiento del esquema de seguridad del mandatario.
El ataque tuvo lugar en una zona reconocida por la presencia de grupos armados ilegales, como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros del autodenominado Estado Mayor Central. Las autoridades no descartan que este acto violento sea una represalia por las recientes acciones institucionales que buscan erradicar la minería ilegal, que afecta los intereses financieros de organizaciones criminales.
En este momento, la Fiscalía General de la Nación sigue adelante con las investigaciones a fin de identificar a los responsables y esclarecer si el objetivo era el gobernador o realizar un acto de intimidación contra la administración departamental. Hasta ahora, el gobernador Luis Alfonso Escobar no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente.
¿Por qué la minería informal e ilegal representa un desafío tan importante para las regiones como Nariño? La minería informal e ilegal constituye un problema crítico en muchos territorios, pues fomenta la aparición de economías ilícitas, alimenta la presencia de grupos armados y perpetúa la vulnerabilidad de las autoridades locales. En departamentos como Nariño, la falta de regulación y formalización permite que el control de los recursos naturales caiga en manos de organizaciones criminales, generando situaciones de violencia y dificultades para el desarrollo regional. Por esa razón, las iniciativas gubernamentales que buscan ordenar y legalizar la minería enfrentan múltiples amenazas y deben implementarse con rigurosidad y respaldo institucional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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