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El asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay ha sacudido nuevamente a Colombia y a la comunidad internacional, resaltando que la violencia política permanece como un obstáculo grave, aún después del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, según el diario La Patria. Uribe murió tras un atentado en junio, que culminó con su fallecimiento meses después debido a un disparo en la cabeza, lo que ha vuelto a poner en duda la efectividad de las medidas de seguridad en la vida política nacional, justo a puertas de las elecciones presidenciales de 2026.
La Unión Europea, a través de la comisionada Virginijus Sinkevičius Kallas, reafirmó su respaldo al proceso de paz colombiano. Destacó que no basta con mantener los logros obtenidos luego de décadas de conflicto armado, sino que resulta necesario fortalecer la cooperación policial y económica para enfrentar la violencia persistente. En respuesta a la gravedad del asesinato, la Unión Europea propuso enviar una misión electoral para supervisar los próximos comicios, medida dirigida a garantizar la legitimidad y la transparencia del proceso democrático en Colombia.
La reacción en el Parlamento Europeo frente a este hecho ha sido diversa. Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular Europeo, relacionó el homicidio de Uribe con una dinámica sistemática contra líderes políticos y responsabilizó al régimen venezolano de Nicolás Maduro por permitir la operación de disidencias de las FARC y el Cartel de los Soles desde su territorio, según La Patria. Este señalamiento pone de relieve las tensiones regionales y las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir redes delictivas transnacionales, como también reconoce el Observatorio de Drogas de América Latina a través de reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2024.
En contraste, la eurodiputada socialista Leyre Pajín advirtió contra el uso electoralista de tragedias como esta, enfatizando el riesgo de desestabilizar los avances del acuerdo de paz y alertando sobre el efecto negativo de la polarización política. Por su parte, Anthony Smith, de la Izquierda Unitaria Europea, centró el debate en las causas estructurales de la violencia, como la exclusión social y la desigualdad, y criticó el uso político de la inseguridad. Estas posturas coinciden con los estudios de académicos colombianos, como María Victoria Llorente de la Universidad de los Andes, quien resalta el peso de factores sociales en la permanencia de la violencia política.
El asesinato de Uribe revive la memoria de la campaña presidencial de 1990, cuando varios candidatos fueron asesinados, reflejando la fragilidad de la democracia colombiana frente a ataques a figuras públicas, según destaca La Patria. Además, informes recientes del Observatorio Electoral Colombiano advierten que la amenaza a candidatos y la presencia de grupos armados en la política local persisten como desafíos urgentes, que requieren tanto reformas en el control de armas ilegales como el fortalecimiento del sistema judicial.
En el plano internacional, la próxima votación del Parlamento Europeo sobre una resolución relacionada con Colombia será decisiva para conocer el grado de respaldo político que tendrá el país frente a su crisis actual. En este escenario, el mantenimiento de la cooperación internacional, el respeto al proceso democrático y el abordaje integral de los factores que alimentan la violencia son considerados claves para afianzar una paz duradera, concluye La Patria.
¿Cuál es el rol de las misiones electorales internacionales en Colombia? Estas misiones, como la que propone la Unión Europea, observan y reportan el desarrollo de procesos electorales, velando por la transparencia y legitimidad del sufragio. Su presencia responde al contexto de repetidas amenazas y actos violentos contra figuras políticas, que han llevado a que organismos internacionales consideren necesaria una supervisión independiente para fortalecer la confianza ciudadana y mitigar conflictos asociados al fraude o la intimidación. La vigilancia internacional ha adquirido especial relevancia tras hechos de violencia como el atentado contra Miguel Uribe Turbay, evidenciando la fragilidad institucional y promoviendo la transparencia en una coyuntura crítica para la democracia colombiana.
¿Qué se entiende por violencia política y cómo afecta el proceso democrático? El término violencia política hace referencia a todo acto de intimidación, amenaza o agresión dirigido a personas por su actividad, liderazgo o posición política. En Colombia, esta violencia se expresa en asesinatos, atentados, secuestros y hostigamientos contra líderes y aspirantes a cargos públicos, fenómeno documentado por varias fuentes citadas, entre ellas el Observatorio Electoral Colombiano y La Patria. Estas acciones socavan el proceso democrático al restringir la participación, distorsionar la representatividad y debilitar la confianza en las instituciones políticas, afectando así la legitimidad y estabilidad del sistema democrático.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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