Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 26, 2026 - 9:59 pm
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El asesinato de Rubén Antonio Ríos Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica en Pueblorrico y fiscal principal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) para el periodo 2022-2026, ha incrementado la inquietud y el temor entre las organizaciones comunitarias del Suroeste antioqueño. Ríos Marín fue víctima de un ataque violento la noche del sábado 24 de enero, cuando dos hombres encapuchados irrumpieron en su vivienda y lo agredieron múltiples veces con armas blancas antes de darse a la fuga. A pesar de la rápida reacción de sus familiares y la notificación inmediata a la policía local, las autoridades no lograron salvarle la vida.

Su cuerpo fue trasladado desde la zona rural hasta la cabecera municipal y posteriormente a Medicina Legal en Medellín, donde se adelantó la inspección forense. La muerte de Ríos Marín resalta una vez más la creciente inseguridad en la región, un fenómeno potenciado por la presencia y consolidación de grupos criminales como el Clan del Golfo en la zona. Este grupo se encuentra actualmente en una etapa de expansión que ha desatado enfrentamientos sangrientos con otras estructuras delictivas, interesados en dominar las rutas del narcotráfico, el microtráfico y la extorsión. Municipios que en el pasado gozaban de relativa calma, como Jardín, han sido arrastrados a este conflicto, agravando la crisis humanitaria. 

La Red de Asocomunales del Suroeste Antioqueño, a través de su coordinador Luis Ángel Vélez, reconoció el profundo vacío que deja el asesinato de Ríos Marín en el tejido social del territorio. Vélez lamentó la ausencia de un liderazgo comprometido con la defensa de los derechos básicos y el bienestar de la población rural, comprometiendo la estabilidad y la capacidad de respuesta de las organizaciones civiles en el área.

Por el momento, las autoridades no han esclarecido si el crimen de Ríos Marín tiene un vínculo directo con su labor como líder comunitario. Lo cierto es que su trabajo estuvo enfocado en garantizar la llegada de servicios esenciales como salud, alimentación y educación para los habitantes de Pueblorrico, lo que refuerza el valor social que representaba su liderazgo.

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La situación de los líderes sociales en Antioquia reviste especial gravedad. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), solo en 2026 se han reportado siete asesinatos de líderes sociales en el departamento, una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan quienes encabezan procesos comunitarios claves. Estas muertes no solo suponen pérdidas irreparables para las familias, sino que buscan silenciar y debilitar la voz de las comunidades enteras.

La violencia en Antioquia se ensaña particularmente con las mujeres líderes. De acuerdo con informes de la Defensoría, los grupos armados han dirigido sus ataques hacia mujeres con liderazgo visible, mediante homicidios, feminicidios, agresiones sexuales —especialmente contra niñas y adolescentes— y otras formas de violencia basada en género. Esta ofensiva incluye no solo ataques físicos, sino también violencia simbólica y discursiva destinada a desacreditar movimientos feministas, de la población LGTBIQ+ y de defensores de derechos humanos, extendiéndose también hacia mujeres que lideran procesos de búsqueda de desaparecidos y acompañamiento a víctimas en diversas regiones, incluido el Valle de Aburrá.

Datos obtenidos por EL COLOMBIANO a partir de reportes del Instituto de Medicina Legal de Antioquia consignan que en 2024 se registraron 1.719 presuntos homicidios, de los cuales 110 fueron contra mujeres, equivalente al 6,3 %. En 68 de estos casos, el agresor permanece sin identificar. Durante 2025, la problemática persistió con 108 homicidios de mujeres, representando el 6,5 % del total, según la Policía, subrayando la continuidad de una crisis de seguridad y derechos humanos en el departamento.

¿Qué papel desempeñan las Juntas de Acción Comunal en las zonas rurales de Antioquia?

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones de base comunitaria con un rol fundamental en el desarrollo y representación de los intereses locales, especialmente en áreas rurales como las del Suroeste antioqueño. Su tarea principal es canalizar las necesidades de la comunidad y facilitar la llegada de servicios esenciales como salud, educación y alimentación.

En contextos marcados por la presencia de grupos armados y la ausencia estatal, las JAC funcionan como puentes entre la administración municipal y los habitantes, promoviendo proyectos de infraestructura y programas sociales. Su relevancia también las coloca en una posición de riesgo frente a intereses criminales, evidenciándose en los recientes ataques a sus líderes.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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