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Un documento firmado por el magistrado de la Corte Suprema, Marco Antonio Rueda, ordena la apertura de una nueva investigación contra el exembajador Armando Benedetti por la presunta compra de votos en Maicao, La Guajira, en las elecciones al Senado de 2018.
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La situación se enmarca dentro de una investigación contra el exsenador Eduardo Pulgar Daza, que corre en la Sala de Instrucción del alto tribunal, en el despacho del mismo magistrado. Benedetti viene de una citación en la Fiscalía por el caso Laura Sarabia, en la cual no declaró argumentando que recibió amenazas.
Precisamente, siguiendo esa indagación, el togado encontró varias evidencias que demostrarían que Benedetti habría incurrido en esa conducta delictiva. Así las cosas, el paso a seguir será compulsar copias para abrir el nuevo caso, valorar las pruebas y determinar si el proceso avanza, o no.
En todo caso, el documento firmado por el magistrado Rueda indica que “se constataron interacciones de las cuales se desprende que, al parecer, el exsenador Armando Benedetti habría incurrido en conductas atentatorias contra los mecanismos de participación ciudadana, al acudir a la compra de votos en el municipio de Macaco, La Guajira, de cara a las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2018”.
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Para ese tiempo, Benedetti se desempeñaba como senador avalado por el Partido de La U, razón por la que “se dispondrá la expedición de copias de algunas de las piezas de la presente actuación a esta misma sala”, dice el documento y agrega que esta situación no tiene relación con la investigación que se adelanta contra Pulgar Daza.
Eso quiere decir que tendría que existir una revisión en otro expediente. Y este se le suma a los otros líos judiciales que ya enfrenta Benedetti por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, injuria y calumnia, tráfico de influencias, violación de comunicaciones.
Eso no es todo, Benedetti ahora está enfrentando otro proceso en Fiscalía por las declaraciones en los audios filtrados, en los que se refiere a una supuesta financiación irregular de 15 mil millones a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
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