Durante esa indagatoria, el senador deberá responder a varias preguntas que le hará la magistrada Cristina Lombana sobre su presunto lavado de activos, un hecho que se le suma a la investigación preliminar que lleva la Corte Suprema contra el mismo senador por presunto enriquecimiento ilícito.
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En ese último caso, la Corte intenta establecer si hay alguna irregularidad en el patrimonio de 3.000 millones de pesos de Armando Benedetti. Sin embargo, él siempre ha sostenido que es inocente y argumenta que ese dinero no “salió de la noche a la mañana, sino que es fruto del trabajo de más de 18 años“.
Para esta nueva parte del proceso, el alto tribunal le entregó a la defensa de Benedetti un informe de 150 páginas en la que cuestiona el patrimonio adquirido por el senador durante 16 años, entre 2002 y 2018.
En medio de esas indagaciones, la Fiscalía General de la Nación ocupó ocho inmuebles del senador para extinción de dominio. Dichos bienes, según la Fiscalía, están a nombre de Armado Benedetti y tres personas más y tienen un valor aproximado de 8.000 millones de pesos. De ellos, la mayoría están ubicados en Bogotá, Atlántico y Meta.
Sospechas de la corte
En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, en que deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían.
Desde un comienzo, la defensa señaló que la Corte pareciera no tener en cuenta el ingreso por reposición de votos y que también le entró plata por la venta de un apartamento. Asegura que hay fallas en el informe y que darán las explicaciones necesarias, según Semana.
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