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La reciente aparición de tres cabezas humanas en Cali, así como el hallazgo de otra en el municipio de La Unión, ubicado en el norte del Valle del Cauca, ha encendido las alarmas sobre el estado de la seguridad pública en esta región del suroccidente colombiano. Según el Diario Occidente, estos sucesos deben interpretarse no como eventos aislados, sino como manifestaciones visibles de una estrategia coordinada llevada a cabo por estructuras criminales que buscan desafiar y degradar la autoridad del Estado en un contexto de creciente violencia.
Los perpetradores de estos actos emplean la brutalidad con un propósito definido: exhibir restos humanos en lugares concurridos es una táctica que trasciende el simple acto delictivo. Al hacerlo, las organizaciones criminales envían señales claras tanto a sus rivales como a las fuerzas del orden, demostrando dominio territorial y mandando un mensaje de intimidación colectiva. No se trata de crímenes cometidos bajo impulsos irracionales; es una forma deliberada de comunicación mafiosa que busca infundir miedo y consolidar el poder sobre áreas específicas.
Durante el año 2024, Cali experimentó una reducción en el número de homicidios en comparación con 2023, lo que generó cierta esperanza y la sensación de que la violencia urbana estaba retrocediendo. Sin embargo, el posterior repunte de los homicidios en 2025 desafió esta percepción optimista, revelando que la disminución previa no había surgido de una transformación profunda del fenómeno criminal, sino más bien de un frágil control momentáneo.
En ese mismo sentido, las bandas criminales en Cali y el Valle del Cauca no desaparecieron; simplemente reorganizaron sus operaciones y, ahora, reaparecen en la escena pública, armadas con nuevas estrategias destinadas a sembrar el terror y reforzar su presencia mediante acciones de impacto mediático y social.
Actualmente, lo que afrontan tanto la capital vallecaucana como su zona metropolitana es una advertencia contundente sobre el fortalecimiento del crimen organizado. Ya no se trata únicamente de estadísticas letales; la violencia se hace visible y busca normalizarse como parte del paisaje urbano. Por ello, el Diario Occidente señala la urgencia de ir más allá de las respuestas reactivas del Estado, argumentando que no basta con investigar los hechos después de su ocurrencia. La ofensiva del gobierno y las fuerzas de seguridad debe ser proactiva, orientada a la recuperación del control territorial y al restablecimiento de la autoridad legítima sobre el espacio público.
Cuando las organizaciones criminales actúan abiertamente, sin temor a sanciones inmediatas, lo que está en juego trasciende la seguridad ciudadana. Implica una disputa por el poder simbólico y real dentro del Estado, donde la exhibición del terror busca erosionar la legitimidad institucional y sembrar el miedo entre la población.
¿Cómo afecta la presencia de grupos criminales a la percepción de seguridad en Cali y el Valle del Cauca?
La aparición reiterada de actos violentos atribuibles a organizaciones criminales no solo incrementa las cifras de delitos de alto impacto, también altera la percepción de seguridad de los ciudadanos. Cuando la criminalidad muestra un rostro tan visible, esa sensación de vulnerabilidad crece, dificultando la confianza en la efectividad de las autoridades.
La relevancia social de la pregunta radica en que la percepción de inseguridad puede condicionar la vida cotidiana, restringir el uso del espacio público y alimentar un ciclo de miedo y autosegregación. En consecuencia, el Estado se ve obligado a no solo perseguir el crimen, sino a recuperar la confianza colectiva mediante medidas estructurales que permitan revertir el mensaje de dominación que busca imponer el crimen organizado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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