Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión crucial en el caso del actual ministro de Trabajo y excandidato a la Gobernación del Cesar, Antonio Sanguino, al negar la prescripción y llamarlo a juicio por su supuesta participación en el llamado “carrusel de la contratación” en Bogotá, con hechos remontados al año 2009. De acuerdo con la acusación que pesa sobre Sanguino, éste habría intervenido para asignar de manera directa el contrato para la construcción del Hospital de Usme a un contratista específico, quien, en contraprestación, habría pagado un soborno equivalente al 10% del valor total del contrato. Cabe resaltar que dicho contratista ya fue sentenciado dentro de la misma investigación por corrupción, de acuerdo con los reportes judiciales citados por medios nacionales y la propia Corte Suprema.
Este proceso judicial vinculado a Sanguino se inserta dentro de un amplio entramado de corrupción revelado en 2010, en tiempos del alcalde Samuel Moreno. Este escándalo, conocido popularmente como el carrusel de la contratación, involucró la adjudicación irregular de contratos públicos por medio de sobornos multimillonarios, alteraciones deliberadas en los procesos de licitación y la generación de sobrecostos en obras de infraestructura. Según informes de la Procuraduría General de la Nación y reportajes de El Tiempo y Semana, fue una práctica sistemática que causó un grave perjuicio económico a la ciudad, desviando fondos destinados a sectores clave como la salud y la infraestructura social.
La magnitud del caso llevó a la condena de varias figuras de relevancia, entre ellas el propio Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, a quienes se les halló responsables en delitos que van desde peculado hasta cohecho y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estas sentencias, como documentan la Corte Suprema y análisis de la Procuraduría, marcaron un hito en la historia judicial colombiana, por la dificultad de esclarecer la compleja red de beneficiarios y la sofisticación de los mecanismos de corrupción utilizados.
En medio de esta coyuntura, Antonio Sanguino, que cuenta con una trayectoria reconocida como senador, académico y ahora ministro, ha salido al paso de las acusaciones. Mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, Sanguino enfatizó que la Corte Suprema archivó de manera definitiva la investigación por tráfico de influencias relacionada con hechos de 2008 y que el reciente fallo garantizó el debido proceso, rechazando categóricamente las imputaciones que lo asocian con esos delitos. También remarcó su disposición plena de comparecer ante la justicia y colaborar con trasparencia hasta que el proceso concluya, desmarcándose de cualquier narrativa mediática que, según su equipo de defensa, ha pretendido exacerbar su supuesta vinculación sin un respaldo probatorio suficiente.
Más allá de las circunstancias individuales de este caso, la situación de Sanguino expone, según análisis del Banco Interamericano de Desarrollo y herramientas implementadas por iniciativas como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), los desafíos estructurales de la contratación pública en Colombia. Las investigaciones académicas sostienen que la vigilancia ciudadana, la digitalización de los procesos licitatorios y la apertura de datos han demostrado ser aliadas esenciales en la prevención y detección de irregularidades. Se concluye, de acuerdo a estudios recientes, que la resolución judicial en casos con figuras políticas influyentes tiene profundas implicaciones en la confianza de la ciudadanía y en la percepción sobre la capacidad estatal para combatir la corrupción de manera efectiva.
En definitiva, este nuevo capítulo en el caso del carrusel de la contratación y la situación legal de Antonio Sanguino subrayan la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública. El desenlace de este juicio servirá como referencia para el futuro del control institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho en Colombia.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿En qué consiste exactamente el “carrusel de la contratación”?El término “carrusel de la contratación” hace referencia a una red de corrupción que, durante años, permitió el desvío de dinero público mediante la asignación fraudulenta de contratos a empresas y personas allegadas a funcionarios de alto rango en la administración de Bogotá, especialmente a finales de la década de 2000. El nombre se popularizó a raíz de las investigaciones judiciales y mediáticas que evidenciaron cómo licitaciones públicas eran manipuladas sistemáticamente para beneficiar a ciertos actores, a cambio de millonarios sobornos. Comprender el alcance exacto de este fenómeno es clave para valorar la gravedad de la afectación que tuvo sobre la estructura estatal y los servicios públicos, y para entender por qué su esclarecimiento y sanción se consideran emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Colombia.
¿Qué implica el proceso de preclusión en un caso judicial en Colombia?La preclusión, en el contexto legal colombiano, es una figura jurídica que determina el cierre definitivo de una investigación penal cuando se considera que no existen méritos suficientes para continuar el proceso –por ejemplo, por ausencia de pruebas, prescripción de los hechos o porque la conducta investigada no constituye delito. En el caso de Antonio Sanguino, la Corte Suprema precluyó la investigación sobre ciertos hechos ocurridos en 2008, lo que significa que sobre esos cargos no podrá ser juzgado nuevamente. Este punto es de particular interés para los lectores porque explica por qué el juicio ahora en curso se centra solo en hechos de 2009 y resalta la importancia de la preclusión como garantía de seguridad jurídica y respeto al debido proceso.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
