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Alexander Díaz Mendoza, conocido como “Calarcá”, ha sido señalado de cometer graves delitos mientras tenía la condición de negociador de paz. Así lo reveló la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien en entrevista con El Espectador aseguró que la Fiscalía General de la Nación encontró pruebas que lo vinculan no solo con homicidios, sino también con el reclutamiento de menores durante el periodo en que participaba en las mesas de negociación. Camargo relató que, tras revisar dispositivos electrónicos incautados, el equipo de investigadores evidenció que “Calarcá” habría impartido órdenes para cometer delitos de lesa humanidad siendo negociador, situación que calificó como muy grave y preocupante.
La fiscal general precisó que esta información fue compartida con el anterior Gobierno nacional. Según su testimonio, la Fiscalía pidió a la administración del entonces presidente Gustavo Petro retirar la condición de negociador a “Calarcá” y otros miembros del Frente 33, pues en criterio de la entidad, resultaba incongruente mantenerlos en dicho proceso, considerando las nuevas evidencias en su contra. Camargo expresó que la respuesta a esa solicitud “se quedó sin respuesta”, lo que impidió reactivar las órdenes de captura previamente suspendidas bajo el amparo de la Ley 2272 de 2022. Esta norma facultaba al Gobierno para designar a los negociadores y ordenaba la suspensión de capturas a quienes tuvieran tal calidad, lo cual —según Camargo— limitaba las acciones de la Fiscalía, que solo se ciñó a lo dispuesto legalmente.
Sin embargo, la fiscal reconoció demoras en la revisión de parte de la evidencia almacenada en los dispositivos electrónicos incautados a “Calarcá”. Inicialmente, los investigadores no advirtieron el contenido completo y fue un reportaje periodístico el que motivó una revaluación del material, permitiendo encontrar datos relevantes. Además, Camargo explicó que el equipo de fiscales ya estaba sobrecargado con casos de alto perfil, como un ataque a un helicóptero policial y homicidios en el Bajo Cauca antioqueño, lo que dificultó la revisión oportuna de todas las líneas investigativas.
Actualmente, contra “Calarcá” hay dos imputaciones: una por hechos cometidos durante su rol de negociador y otra por acciones anteriores. La Fiscalía, indicó Camargo, logró que fuera declarado persona ausente para garantizar el avance de los procesos judiciales, aclarando que no es requisito indispensable su detención. Para la fiscal general, el caso de “Calarcá” evidencia los desafíos de la política de paz anterior, caracterizada por falta de planeación y compromiso en las mesas regionales. Camargo enfatizó que la Fiscalía continuará judicializando a los máximos responsables y rastreando las economías ilegales que están detrás de estos crímenes, como la minería ilegal, la trata de personas, los cultivos ilícitos y la extorsión.
¿Por qué la Fiscalía pidió retirar la condición de negociador de paz a alias “Calarcá”?
La Fiscalía solicitó al anterior Gobierno retirar la condición de negociador de paz a alias “Calarcá” después de encontrar evidencias de que, aun siendo negociador, habría cometido homicidios y reclutamiento de menores, según explicó Luz Adriana Camargo en El Espectador. La entidad consideró que mantener su estatus en la negociación, pese a la reincidencia delictiva, resultaba incompatible con los fines del proceso de paz.
¿Qué delitos se le imputan a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, durante su tiempo como negociador?
A “Calarcá” se le imputan delitos de lesa humanidad que incluyen homicidio y reclutamiento de niños, cometidos mientras tenía la condición de negociador de paz. Según la explicación de la fiscal general en El Espectador, la Fiscalía halló pruebas específicas en dispositivos electrónicos que comprometen su responsabilidad directa en estas conductas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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Polémicas y logros de Petro
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