La semana pasada, la Alcaldía de Medellín publicó un comunicado y lanzó un despliegue mediático con un propósito específico: intentar convertir un incumplimiento sistemático contra una comunidad en un mérito de la administración de Daniel Quintero.
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“La Administración Distrital solucionará definitivamente la problemática de inundaciones de la quebrada La Madera”, ese fue el titular con el que la Alcaldía anunció la destinación de $ 3.100 millones para dicha intervención. Los hechos, sin embargo, contradicen la aseveración de la Alcaldía.
Las obras, que ya el municipio de Bello adelantaba desde el año pasado y a las cuales la administración Quintero apenas se está sumando, se materializaron gracias a una desgastante pelea jurídica que dio la comunidad, principalmente, de los barrios Santander y Barrio Nuevo, frontera entre Medellín y Bello.
Aldemar Reyes, un vecino del sector, recuerda que llevan más de 20 años pidiendo obras de mitigación y alertando de mil maneras los riesgos de vivir cerca a La Madera que, según el Área Metropolitana, es la quebrada que más piedras moviliza y la que cursa a mayor velocidad.
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El 30 de noviembre de 2021, finalmente, se materializaron los miedos. Una creciente se llevó tres casas. Para ese momento la comunidad ya había instaurado tutelas y acción popular. Nada de eso valió. Seis meses después, otra creciente acabó con la vía que conecta ambos barrios.
La acción popular que ganó, amparada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 27 de agosto de 2021, concluyó que las alcaldías de Bello, Medellín vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, prevención de desastres y el ambiente sano de los residentes de la franja de la quebrada La Madera y les ordenaron entregar el estudio técnico sobre las condiciones hidrológicas e hidráulicas de la quebrada, así como determinar las obras requeridas para atender la erosión, socavación, taludes y riesgos de inundación en las inmediaciones de la carrera 76C, entre Medellín y Bello.
La justicia también involucró al Área Metropolitana y a EPM, esta última entidad fue la responsable de instalar dos gigantescos tubos de descarga de aguas residuales en septiembre de 2022 que causaron afectaciones de salubridad entre los habitantes del sector.
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Toda esta movilización comunitaria y sus triunfos ante la justicia lograron que, tras tirarse la pelota entre las alcaldías, Bello iniciara unas accidentadas obras que sufrieron varios retrasos el año pasado por las lluvias, mientras la alcaldía de Quintero acumuló tres incidentes de desacato.
Apelando a maniobras administrativas, la Alcaldía de Medellín ganó tiempo para evitar meter mano en la solución del problema, pero en octubre el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito le puso fin a estas maniobras y le puso un plazo de un mes para cumplirle a la justicia y la comunidad. Fue solo hasta este punto que la Alcaldía decidió desembolsar los $3.100 millones al municipio Bello que ya estaba en el sector adelantando las obras. Fue, en todo caso, un cumplimiento a regañadientes y a medias pues salvo un plano proyectado en una imagen los habitantes del sector en el lado de Medellín, no conocen todavía los estudios hidrográficos que ya deberían haberse socializado, según apunta el abogado Juan José Largo, quien ha acompañado jurídicamente en todo este proceso a la comunidad.
Hoy, agotados por pelear con la Alcaldía por el mínimo derecho a vivir en un entorno sin amenazas contra sus vidas, los vecinos de estos barrios respiran más o menos tranquilos al ver que, del lado de Bello, empezaron a intensificar labores trabajando hasta los fines de semana para recuperar el tiempo y avances que la temporada de lluvias del año pasado les quitó.
“La quebrada y la negligencia le cambiaron la vida al sector. Mucha gente se fue, los negocios se han visto afectados. Ojalá por fin podamos volver a dormir tranquilos”, pide Aldemar.
Para devolver la tranquilidad a los habitantes de estos barrios es necesario construir 26 pilas de 40 metros de profundidad, con una pantalla de cemento cuyo propósito es contener el agua que se está comiendo las laderas. La caída de la quebrada deberá quedar fraccionada en tres pisos para reducir la velocidad del agua.
Mientras el lado de Bello redobla el ritmo, del lado de Medellín esta semana comenzarán los estudios topográficos para determinar dónde instalar las pilas.
Largo reitera que es necesario dejar claro que esta intervención es un triunfo de la comunidad organizada y que si en verdad la Alcaldía de Medellín tuviera compromiso para solucionar esta problemática no se hubiera limitado a entregar la plata a Bello y a desentenderse de la supervisión técnica y los lineamientos de construcción, lo cual quedó a cargo de ese municipio.
Elio Sánchez, un comerciante que ha visto reducir en un 60% las ventas de su negocio por las afectaciones de la quebrada y el retraso de las obras, afirma tajantemente que la comunidad no está dispuesta a dar su brazo a torcer y que si, además de las acciones jurídicas tienen que salir a las calles para garantiza que las obras por fin finalizarán, está dispuesta a hacerlo.
Según apunta Largo, en mayo de este año deberán estar listas las obras que por fin permitirán a los vecinos de La Madera dormir y vivir tranquilos
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