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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se desplazó al municipio de Planadas para encontrarse con las familias que resultaron damnificadas tras el reciente atentado terrorista registrado en esa zona. Durante su visita, la mandataria ratificó el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Departamental: la entrega de ayudas humanitarias y materiales de construcción. De acuerdo con la información difundida por El Nuevo Día, Matiz anunció un convenio por 345 millones de pesos, suma destinada a la reconstrucción de entre 15 y 16 casas que resultaron totalmente destruidas a causa del ataque. La asistencia entregada a la comunidad incluyó cemento, ladrillos, tejas, kits nutricionales y productos de aseo para quienes se vieron afectados directamente.
La gobernadora explicó que los materiales de construcción repartidos corresponden a viviendas con daños parciales, mientras que los fondos del convenio están dirigidos exclusivamente a la reconstrucción total de las residencias que se derrumbaron. Esta diferenciación busca la atención prioritaria de quienes sufrieron mayores pérdidas materiales.
Al referirse a los responsables del atentado, Adriana Matiz lo calificó como un “vil atentado” y señaló que detrás de estos hechos estarían organizaciones criminales con intereses en el control de economías ilícitas, minería ilegal y actividades de extorsión. Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, la mandataria enfatizó que estas organizaciones “se disfrazan con brazaletes revolucionarios para esconder las verdaderas intenciones que tienen”.
Ante la situación de seguridad que vive el sur del Tolima, Matiz confirmó que solicitó formalmente al Gobierno Nacional el retorno de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) —unidad militar especializada en operaciones rápidas— y el aumento de efectivos de seguridad pública. Esta petición, según refirió la gobernadora, ya fue presentada al ministro de Defensa durante un Consejo de Seguridad. Mientras se concreta la respuesta, la administración departamental continuará impulsando proyectos de inversión local. Entre ellos destaca la intención de suscribir un convenio por 14.000 millones de pesos con la Alcaldía de Planadas para pavimentar las calles urbanas de Gaitania y realizar obras similares en el casco urbano de Planadas a través del mecanismo de obras por impuestos.
En el marco de su visita, Matiz también presentó un balance sobre el operativo de desalojo realizado en Ataco para recuperar el río Saldaña y combatir la minería ilegal. De acuerdo con la información, el procedimiento contó con la intervención de más de 760 uniformados del Ejército y la Policía, además de 250 funcionarios de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Víctimas. La operación concluyó sin personas heridas y con respeto por los derechos humanos, mientras cerca de mil personas abandonaron el municipio por la situación. Matiz afirmó que las intervenciones continuarán “hasta recuperar el río Saldaña”.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles fueron las ayudas entregadas a las familias afectadas en Planadas, Tolima?
De acuerdo con la información de El Nuevo Día, la gobernadora Adriana Matiz entregó ayudas humanitarias como cemento, ladrillos, tejas, kits nutricionales y productos de aseo a las familias de Planadas. Además, anunció un convenio por 345 millones de pesos para reconstruir entre 15 y 16 casas que quedaron completamente destruidas por el atentado terrorista. Los materiales distribuidos están enfocados en la reparación de viviendas con daños parciales, mientras los recursos del convenio están destinados a la reconstrucción de las casas colapsadas.
¿Por qué solicitó el regreso de la FUDRA la gobernadora Adriana Matiz en Tolima?
La gobernadora Matiz pidió el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al sur del Tolima como respuesta a la grave situación de seguridad en la región tras el atentado terrorista. Según sus declaraciones recopiladas por El Nuevo Día, esta solicitud busca reforzar el pie de fuerza pública debido a la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la extorsión y el control de economías ilícitas.
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