Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Frank Hoyos   Oct 19, 2023 - 10:42 am
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La calle es un lugar hostil para las mujeres. La “calle” entendida como cualquier espacio fuera del hogar, como las universidades. Espacios en los que la violencia contra ellas es un paisaje absurdo.

Isabella McCausland es una joven universitaria e influenciadora en Tik Tok. Desde allí contó una de esas historias con las que muchas se pueden sentir identificadas.

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Salió a caminar a la calle el domingo pasado con su perro. En un andén un hombre se le acercó y le mostró sus genitales mientras le decía una retahíla irrepetible de improperios violentos. “Para que ustedes se imaginen lo que las mujeres tenemos que vivir en este mundo, día a día”, dijo.

Con el mismo fondo son algunas realidades que se viven en las universidades del país. Una investigación de la organización Dejusticia contabilizó 83 casos de acoso entre 1998 y 2019 en doce universidades del país. En este sentido, en julio de 2022 el Ministerio de Educación expidió la Resolución 014466 que ordenó a las Instituciones de Educación Superior (IES) adoptar protocolos para prevenir, detectar y atender este tipo de violencias.

Por medio de un derecho de petición enviado a ese ministerio, El Colombiano conoció los casos que ha recogido entre octubre de 2022 y septiembre de este año: un periodo en los que esa entidad supo de 70 quejas por violencias basadas en género.

De estas, 35 fueron quejas por acoso, 10 por acoso racial, 9 por incumplir esa resolución, 6 por violencia de género, 4 por acoso  laboral y 4 por comentarios sexistas y machistas.

El periodo en el que más se conocieron quejas fue el comprendido entre marzo y mayo de 2023, con 37 casos. El mayor número de denuncias provino de mujeres estudiantes (con 32) y de colectivos de estudiantes (con 13). Entre tanto, nueve fueron anónimas.

Por otro lado, las zonas en las que más casos se han conocido son Bogotá, con 40; Nariño, con 10; Valle del Cauca, con cinco; Bolívar, con tres; y Antioquia, Norte de Santander y Quindío con dos cada uno.

Según la respuesta de esa entidad, las acciones que tomó fue “realizar requerimientos a las IES” y “emitir respuesta a la peticionaria”.

Al respecto, la abogada feminista y magíster en Estudios de Género, María Alejandra López, expresó que “hay muchas razones por las cuales debe haber un subregistro y aún más si se compara con cifras de la Fiscalía”.

De hecho, los datos públicos del Sistema Penal Oral Acusatorio muestran que entre 2022 y 2023 la Fiscalía abrió 5.598 procesos por acoso sexual, de los cuales nueve terminaron en condena.

Esta disparidad la explica López en que “se cree que se obtiene más justicia mediante el proceso penal por el peso de este ante uno administrativo”.

Y en esto también queda pendiente qué es lo que ocurre con estas quejas cuando llegan al Mineducación y el embudo por el que pasan antes de llegar allá, como “surtir el proceso interno en cada universidad y establecer si la gente sabe la ruta del ministerio cuando ni hay ruta en las instituciones de educación”.

Lo concreto es que si bien es loable que se abran canales de denuncia en ámbitos como el educativo para frentear las violencias basadas en género, aún hay camino por recorrer en materia de publicidad y pedagogía de estas herramientas que pueden contribuir a tener espacios seguros para las mujeres en todos los entornos.

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