La medida busca reorganizar el sistema en 10 regiones y 119 subregiones con un enfoque preventivo y resolutivo, pero genera riesgos inmediatos para la continuidad en la atención médica y la sostenibilidad de las aseguradoras.
Uno de los principales impactos es la eliminación de la libre elección: los usuarios serán reasignados automáticamente según criterios definidos por el Ministerio de Salud, lo que crea incertidumbre sobre a qué entidad serán trasladados, detalla Portafolio.
El análisis de Así Vamos en Salud advierte que las EPS intermedias, como Cajacopi, Coosalud, Asmet Salud y Famisanar, serán las más afectadas, mientras que grandes aseguradoras como Sanitas, Sura y Salud Total tendrán pérdidas mínimas, y la Nueva EPS conservará toda su afiliación.
Además, la redistribución exige a algunas EPS ampliar cobertura en territorios sin infraestructura consolidada, lo que podría afectar la calidad del servicio, añade ese medio.
El corto plazo para la transición, sumado a la falta de claridad en los criterios de reasignación, incrementa la incertidumbre para usuarios y entidades. El reto será evitar interrupciones en tratamientos y garantizar acceso oportuno a servicios esenciales en medio del proceso.
Por qué hay crisis de las EPS en Colombia
La crisis de las EPS en Colombia tiene múltiples causas que se han acumulado durante años y hoy ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. En primer lugar, existe un problema estructural de financiamiento.
El sistema opera bajo la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado reconoce por cada afiliado, pero este monto no siempre cubre los costos reales de atención, especialmente en casos de enfermedades de alto costo o tratamientos prolongados.
Esto genera un desbalance permanente entre ingresos y gastos. A esto se suma la acumulación de deudas entre actores del sistema.
Muchas EPS mantienen pasivos con clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, lo que ocasiona retrasos en pagos, dificultades para mantener servicios y en algunos casos cierres de instituciones.
Esta cadena de cartera vencida ha deteriorado la confianza y ha dejado un sistema altamente endeudado. Otro factor clave es la gestión administrativa. Varias EPS han sido cuestionadas por malos manejos, corrupción o ineficiencia en la administración de los recursos públicos de la salud.
Casos de desvío de fondos o gastos injustificados han agravado el déficit financiero y reducido la capacidad de respuesta a los usuarios. La creciente demanda también presiona al sistema.
El envejecimiento de la población, la prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento en la judicialización de servicios (acciones de tutela para acceder a tratamientos) incrementan los costos, mientras los recursos disponibles no crecen en la misma proporción.
Finalmente, los cambios regulatorios y la falta de estabilidad en las reglas de juego generan incertidumbre. Las EPS enfrentan exigencias cada vez mayores en habilitación, cobertura y control, pero sin un modelo claro y sostenible de financiamiento.
En conjunto, estos problemas explican la crisis actual: un sistema con déficit estructural, deudas acumuladas, gestión cuestionada y usuarios que sienten vulnerados sus derechos en el acceso oportuno a la salud.
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