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La reciente decisión del Hospital San José de rescindir su contrato con la Nueva Entidad Promotora de Salud (EPS) marca un punto crítico en el sistema de salud colombiano. En 17 años, no se había llegado a una medida tan drástica, lo que evidencia la gravedad de la situación financiera que atraviesa el sector. El acuerdo entre ambas entidades, en vigor desde 2008, permitía que uno de los hospitales con mayor capacidad para tratar enfermedades complejas en Bogotá atendiera a los afiliados de la Nueva EPS. Sin embargo, según reporta El Espectador, la acumulación de deudas impagadas ha vuelto inviable la continuación de este servicio para el Hospital San José.
El hospital fundamenta la ruptura en la deuda creciente, derivada de la falta de pagos sistemáticos por parte de la Nueva EPS. Esto no solo afecta la viabilidad financiera del hospital, sino que también pone en riesgo el acceso a la salud de sus usuarios y el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a atención universal y oportuna. Esta situación no es un caso aislado: pocos días antes, la Clínica Shaio anunció igualmente la suspensión de servicios a la Nueva EPS, citando deudas por más de 95.000 millones de pesos, lo que evidencia problemas profundos y estructurales en la red de prestadores de servicios de salud vinculados a esta entidad, según información de El Espectador.
La magnitud del problema se amplifica considerando que la Nueva EPS cubre a cerca de 11 millones de personas bajo los regímenes contributivo y subsidiado. Esta EPS fue intervenida por el Estado en abril de 2024 debido a irregularidades financieras y falta de transparencia en la rendición de cuentas, según la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República. El desconcierto ha crecido en la red hospitalaria, un fenómeno alertado por el propio gobierno de Gustavo Petro, que identifica una problemática de liquidez que expone a toda la red de atención pública y privada del país.
El contexto subraya las limitaciones del sistema general de seguridad social en salud colombiano, el cual opera a partir de contratos entre EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). La finalización unilateral de acuerdos, amparada en decretos como el 4747 de 2007 y el 441 de 2022, pone en evidencia una tensión constante entre mantener la sostenibilidad financiera de las instituciones y garantizar el acceso efectivo a la salud, según análisis presentados por El Espectador.
El Observatorio de Salud de la Universidad del Rosario señala que la raíz del problema está en un modelo fragmentado, con dificultades en la gestión de recursos y en la fiscalización de las EPS. Las demoras en los pagos y los rechazos parciales de la facturación, conocidos como glosas, someten a hospitales y clínicas a ciclos, muchas veces insalvables, de incertidumbre y reducción de su capacidad operativa.
Estudios comparativos realizados por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Mundial refuerzan este diagnóstico: sin reformas que promuevan más regulación, transparencia y equidad financiera, las dificultades en la atención seguirán agravándose, especialmente para la población más vulnerable.
Al cancelar su relación con la Nueva EPS, el Hospital San José ha dejado en claro la urgencia de transformar el sistema de salud nacional para proteger tanto la sostenibilidad de instituciones clave como el derecho fundamental a la salud. El desafío es encontrar una solución que permita la coordinación efectiva entre gobierno, EPS e IPS, garantizando así tratamientos médicos especializados y el bienestar de los ciudadanos, conforme a los compromisos legales y éticos asumidos por Colombia.
¿Qué significa el término “glosa” en la facturación de salud?
Un concepto mencionado en el texto es el de “glosa”, el cual hace referencia al rechazo parcial de la facturación presentada por los hospitales o clínicas a las EPS, generalmente por desacuerdos en la interpretación de los servicios prestados o por errores administrativos. Las glosas generan incertidumbre financiera para las instituciones, ya que retardan o limitan el flujo de recursos, afectando la operatividad y los compromisos con proveedores, trabajadores y pacientes. Su elevada frecuencia complica la viabilidad de los hospitales y pone en evidencia deficiencias en el control y conciliación de cuentas dentro del sistema.
La alta incidencia de glosas refleja, por tanto, una problemática estructural y una necesidad de mejorar los procesos administrativos y de revisión entre EPS e IPS. Esto permitiría evitar conflictos que deterioran la prestación de servicios y repercuten negativamente en la atención de los usuarios y la estabilidad financiera hospitalaria.
¿Por qué es relevante la intervención estatal en la Nueva EPS?
La intervención estatal en la Nueva EPS, anunciada en abril de 2024, cobra especial importancia al ser esta una de las entidades responsables de la cobertura de salud de más de 11 millones de colombianos dentro de los regímenes subsidiado y contributivo. Dicha intervención responde a señaladas irregularidades financieras y a la falta de transparencia en la rendición de cuentas, problemáticas detectadas por organismos de control como la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República.
El contexto de la intervención pone en evidencia las fragilidades y riesgos sistémicos del modelo colombiano. Una administración ineficaz o falta de recursos suficientes puede traducirse en crisis que afectan tanto a los prestadores de servicios como a millones de usuarios, generando urgencia en la búsqueda de soluciones estructurales y una mayor vigilancia por parte del Estado sobre el manejo de fondos públicos en salud.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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