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El trágico accidente ocurrido el domingo 31 de agosto en la vía nacional Troncal del Caribe, específicamente en el municipio de Curumaní, Cesar, ha puesto de manifiesto una problemática que trasciende lo anecdótico y revela deficiencias estructurales en la seguridad vial y en las políticas de transporte del país. Juan Diego Salazar Carrascal, conocido en la región como “Orejita Gocha”, perdió la vida al ser atropellado por un tractocamión mientras intentaba subirse a dicho vehículo de carga pesada. El conductor involucrado huyó del lugar, sin prestar ningún tipo de auxilio, según relataron los testigos presenciales del hecho.
Este lamentable suceso no solo resalta la precariedad de las condiciones en la red vial nacional del Cesar, sino también un fenómeno recurrente en el ámbito latinoamericano. Jóvenes y personas en situación vulnerable exponen su vida abordando vehículos pesados en movimiento, impulsados muchas veces por la falta de alternativas de transporte, precariedad económica o incluso por cuestiones laborales. La Fundación Ático, a través de un informe sobre siniestralidad vial en zonas rurales de Colombia publicado este año, reveló que los incidentes que involucran camiones y vehículos de carga representan un porcentaje importante de las muertes en carretera, especialmente en áreas donde los controles estatales y la inspección resultan insuficientes.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el departamento de Cesar figuró en 2024 entre los más afectados por la mortalidad en accidentes, con una tasa de 17 fallecidos por cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional y evidenciando graves falencias en la gestión y el control del tráfico pesado. Uno de los elementos que perpetúan esta situación es la dificultad para identificar y sancionar a los responsables, debido tanto al abandono del lugar tras el accidente como a las limitaciones tecnológicas y logísticas de la Policía de Tránsito para rastrear vehículos fugados, lo que contribuye a la impunidad.
Pero el problema no es solo policial o judicial; integra factores sociales y económicos. La debilidad de los sistemas de transporte público en zonas rurales y la falta de opciones seguras para desplazarse empujan a jóvenes como Salazar a buscar soluciones altamente riesgosas, como engancharse a camiones en movimiento. Reportes elaborados por Project Syndicate y análisis regionales de El Espectador remarcan que este comportamiento refleja desinformación sobre los peligros, ausencia de alternativas viables y una arraigada informalidad que requiere intervenciones integrales de parte de las autoridades viales y los gobiernos territoriales.
Las voces de expertos en seguridad vial y periodismo de investigación, citadas por medios nacionales, subrayan la importancia de recurrir a fuentes oficiales como la ANSV y a testimonios comunitarios para comprender la magnitud del problema y las posibles rutas de solución. Exigen fortalecer el monitoreo vial, la persecución penal efectiva y campañas educativas que se adecúen a las especificidades de cada región. Solo la conjunción de respuestas legales, técnicas y sociales permitirá prevenir la repetición de tragedias similares, apuntando a una movilidad más segura y equitativa en escenarios rurales y periféricos.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para identificar y sancionar a conductores que huyen tras causar accidentes?
El aumento de accidentes viales en los que el conductor se da a la fuga tras atropellar a una persona ha evidenciado la urgencia de mejorar los instrumentos de control y seguimiento en las vías nacionales. Aunque la legislación vigente contempla sanciones estrictas contra quienes abandonan el lugar de los hechos, los sistemas de vigilancia y respuesta inmediata en el Cesar y en regiones rurales presentan grandes limitaciones. Organismos como la Policía de Tránsito carecen, muchas veces, de recursos tecnológicos como cámaras de reconocimiento y bases de datos en tiempo real, dificultando la identificación del vehículo implicado y el acceso a la justicia por parte de las víctimas y sus familias. El fortalecimiento de estos mecanismos resulta fundamental para evitar la repetición de casos similares y para que la aplicación de la ley sea efectiva.
¿Qué alternativas existen para mejorar la seguridad vial en zonas rurales del Cesar y de la costa Caribe?
La alta incidencia de siniestros en la vía nacional Troncal del Caribe y en otras rutas rurales del departamento de Cesar plantea la urgencia de soluciones adaptadas a las necesidades locales. Las investigaciones consultadas en la Fundación Ático y reportes de El Espectador insisten en la necesidad de estrategias integrales, que contemplen tanto el fortalecimiento del transporte público accesible como campañas sostenidas de sensibilización sobre los riesgos de engancharse a vehículos en movimiento. Adicionalmente, el diseño de proyectos de educación vial contextualizados y la provisión de herramientas tecnológicas adecuadas para el monitoreo y la infracción podrían contribuir significativamente a reducir la siniestralidad y mejorar la protección para quienes más lo necesitan en estas regiones.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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