Se cuentan por decenas las víctimas de una abogada de Manizales que, desde inicios del año pasado, se ofreció a tramitar reliquidaciones de pensiones, retroactivos, bonos, entre otros, pero luego falsificó documentos para hacerles creer que les desembolsarían millonarias sumas a las que ni siquiera tenían derecho.
Por sus supuestas gestiones cobró anticipos de entre $ 1 y $ 5 millones, que equivalían a la mitad del valor de la prestación de sus servicios. Después de un tiempo, cuando no podía sostener más el engaño, dejaba de contactar a los clientes o no les respondía.
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Estas son las actuaciones de la profesional, que la Fiscalía expuso como justificación para solicitar una orden de captura, la cual se hizo efectiva en la noche del martes, en un establecimiento nocturno del barrio El Campín, en Manizales.
En las audiencias preliminares, que ya terminaron, el ente investigador detalló las acciones de la profesional y concretó la imputación como un caso de estafa agravada en masa y falsedad en documento público.
El fiscal a cargo de la imputación explicó que se siguen recibiendo denuncias y el conocimiento que se tiene de los hechos son como una bola de nieve, pues en las mismas audiencias de garantías se conectaron víctimas que aún no se tenían relacionadas.
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En otros lados
Las autoridades adelantan verificaciones en Bogotá donde la abogada reunió en un salón a una cantidad indeterminada de personas y que allí obtuvo cerca de 70 poderes con los respectivos contratos de prestación de servicios. Al final ocurrió lo mismo que en Manizales.
El cálculo más abultado es que son unas 150 víctimas. La misma encartada le habría dicho a una persona que tenía 300 clientes, según las declaraciones recolectadas. Se busca incluso una víctima de San José del Guaviare.
El titular de la acción penal expuso en su intervención que la abogada “mantuvo en error a sus clientes”, pues les mostraba documentos falsos, supuestamente obtenidos de los fondos de pensiones, en donde se reconocían reliquidaciones que oscilaban entre $ 98 millones y $ 215 millones, algo imposible para quien recibe o aspira a una mesada de salario mínimo.
Llamó la atención que a todos los clientes les mostraba o les enviaba oficios que independiente del fondo de procedencia tenían el radicado 001. Casi todas las víctimas terminaron acudiendo directamente a las entidades y allí se enteraban de que la mujer ninguna gestión había realizado.
La abogada negó los cargos imputados por la Fiscalía, que pidió medida de aseguramiento intramural, por considerarla una amenaza para las víctimas y la sociedad. El juez de garantías accedió a la medida, la cual fue apelada por la defensa. Se espera que los fondos de pensiones se constituyan en víctimas dentro de este proceso.
El resultado no se garantiza
La mujer garantizaba el resultado. Con esa promesa obtenía los poderes y el respectivo contrato de prestación de servicios. El ente acusador explicó que ello, de por sí, es motivo de desconfianza, porque la profesión de abogado es de medio y no de resultado. Es decir, hay que poner a disposición del cliente toda la capacidad profesional, pero ello en sí no garantiza el éxito.
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