Así lo comunicó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava, en el puesto de mando unificado instalado para evaluar el riesgo que corren las comunidades que se encuentran en las riberas del Río Cauca, cercanas a la presa, ante la próxima puesta en operación de la hidroeléctrica que ha tenido varios problemas estructurales.
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Pava señaló que la recomendación de la UNGRD fue “la evacuación de Puerto Valdivia y la definición de una serie de indicadores que permitan ver cómo van evolucionando las condiciones de riesgo” para saber si se amplía a los municipios de Tarazá, Nechí y Cáceres, entre otros.
Esta será una “evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo”, agregó Pava.
Esta conclusión llega después de que Gustavo Petro asegurara que “antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal”.
Además, se ordenó al Servicio Geológico de Colombia revisar las condiciones del macizo sobre el que está construida la central y entregar un informe sobre su estabilidad.
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Cuando tenga sus 8 turbinas funcionando, Hidroituango tendrá una capacidad instalada de generación de 2.400 megavatios, equivalente al 17 % de la demanda de energía que tiene el país.
Los constructores confían en que el 30 de noviembre pueda entrar en operación la primera turbina.
La obra comenzó en 2010 y debía estar concluida en 2018 pero el derrumbe de un túnel de desviación del río Cauca ese año obligó a los constructores a inundar la sala de máquinas, que estaba casi terminada, para evitar que el agua destruyera el muro de la presa que entonces estaba en construcción.
Esta megaobra no ha estado exenta de oposición, pues las comunidades de su alrededor, junto a organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que la construcción de Hidroituango ha vulnerado derechos humanos, provocando desplazamientos de campesinos, e impactando la biodiversidad de la zona.
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