En diciembre del 2022, se marcó una cifra récord de inmigrantes que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos buscando asilo político. Según un comunicado de la Agencia de Protección aduanera y Fronteriza del país norteamericano, fueron un total de 216.162 las personas que fueron detenidas, teniendo un incremento de 11 % con respecto a lo que había sido noviembre.

Por esta razón, el grupo de trabajo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está trabajando en una nueva norma que busca frenar la cantidad de solicitudes de entrada al país por la frontera, una iniciativa que distintos grupos de derechos humanos han cuestionado e incluso han comparado con lo planteado en el anterior gobierno.

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Entre las principales novedades que vendrán en el nuevo reglamento está que las personas no podrán pedir asilo en los Estados Unidos si previo a iniciar su viaje no hicieron el respectivo trámite en alguno de los países por los que cruzaron, incluyendo en este tratado a los ciudadanos mexicanos.

Sin embargo, muchos defensores de derechos humanos y seguidores del Partido Demócrata han argumentado que este plan será muy parecido a lo que propuso Stephen Miller, exasesor de Donald Trump durante su mandato, y que por temas legales no tuvo éxito.

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En dialogo con la cadena NBC, la directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Keren Zwick, argumentó que “si esta regla de prohibición de asilo que se propone tiene el efecto que esperamos que tenga: privar ilegalmente del acceso al asilo basado en la forma de entrada y/o la ruta de tránsito, se invalidaría como las reglas similares que intentó implementar la Administración Trump, que fueron declaradas como ilegales por los tribunales federales”.

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Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya había explicado en una rueda de prensa previa que “no es una política de la era Trump (…) no es una prohibición de tránsito, es un camino legal para que las personas puedan entrar a Estados Unidos”.

Proceso con centros de detención migratoria en EE. UU.

Ante esta problemática, el gobierno de Joe Biden ya está buscando herramientas y soluciones para que los centros de detención migratoria no ocupen el 100% de su capacidad. La principal es que se están instalando más teléfonos con el propósito de que se puedan hacer más entrevistas por este medio y así saber si cumplen con los requisitos para poder pedir el asilo.

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Si no se les permite el ingreso por esta o alguna otra de las protecciones, la nueva norma permitirá deportar o expulsar lo más pronto posible a las personas que estén en estos centros de detención, según informaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

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