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La congresista peruana Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra el nuevo presidente del país, José Jerí, y dos miembros de su gobierno por presunta responsabilidad política en la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas el pasado 15 de octubre en Lima. Por su lado, el Gobierno peruano prometió una investigación sobre este deceso “hasta las últimas consecuencias”.
La muerte de Eduardo Ruiz Sanz podría tener consecuencias políticas en Perú. La congresista Sigrid Bazán, integrante del Bloque Democrático Popular, formación que no apoya al nuevo presidente interino del país, presentó una denuncia constitucional contra José Jerí, el primer ministro, Ernesto Álvarez, y el ministro de Interior, Vicente Tiburcio, tras el fallecimiento del joven manifestante.
Eduardo Ruiz Sanz, un rapero de 32 años conocido como Trvko, murió por disparos de un agente de Policía en las manifestaciones que estallaron en el centro de Lima el miércoles 15 de octubre.
La acusación señala la presunta responsabilidad constitucional de los tres dirigentes en la muerte del joven. Sostiene que se habrían vulnerado derechos fundamentales, protegidos por la Constitución del país andino, faltando proteger el derecho a protestar, la integridad física y la obligación del Estado de garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
“Acabo de presentar una denuncia constitucional contra José Jerí, su premier y su ministro del Interior, TODOS responsables políticos de la muerte de Mauricio Ruiz y la violenta represión a decenas de civiles. No vamos a permitir que quienes dan las órdenes queden impunes”, escribió la congresista Sigrid Bazán en su cuenta X, con el documento de la denuncia acompañando el mensaje.
El Gobierno peruano promete una investigación “hasta las últimas consecuencias”
El primer ministro Ernesto Álvarez reaccionó a la denuncia, indicando que, “por tratarse de la primera vez que un gobierno realmente hace una investigación, identifica a la persona que dispara y establece de manera documental que no existieron órdenes de disparo ni de portar armas”, la acción podría responder a “un tema inminente político de aprovechamiento de una circunstancia lamentable”, según reportó el diario peruano ‘El Comercio‘.
La preocupación del Gobierno es “presionar al Ministerio del Interior para que haga una investigación pronta, minuciosa y detallada” porque “sí creemos en los Derechos Humanos, por encima de cualquier tendencia política”, agregó Ernesto Álvarez.
El primer ministro admitió que, en un inicio, les pareció “inverosímil” que el autor haya sido un agente de Policía “porque la orden era muy clara” y era que no portaran armas de fuego para contener la protesta.
Explicó que el disparo puede haberse debido a un acto de defensa propia o hacer un uso irresponsable de su arma, o un disparo al aire con rebote, pero que eso “se va a dilucidar con la investigación”.
Sin embargo, “la muerte de un manifestante es un hecho sumamente grave, que se va a investigar hasta las últimas consecuencias”, insistió.
Por su parte, el ministro de Interior, Vicente Tiburcio, también lamentó lo que calificó de “evento aislado” y repitió que el autor del disparo ha sido identificado como el suboficial de tercera Luis Magallanes, quien va a ser investigado por esta muerte al igual que será evaluada la responsabilidad del alto mando policial.
El Gobierno peruano va a declarar el estado de emergencia en Lima
José Jerí es el séptimo presidente que Perú tiene en menos de una década. Se posesionó el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte. Su breve mandato, que termina en julio próximo por las elecciones programadas, comenzó en medio de la polémica por una investigación archivada de una denuncia de agresión sexual.
Protestas en su contra, encabezadas por jóvenes de la “Generación Z”, no tardaron en estallar, hasta provocar tensiones y violencias entre manifestantes y las fuerzas del orden, dejando más de 100 heridos.
Los manifestantes incluso piden la dimisión del nuevo presidente interino. “No voy a renunciar, voy a continuar con la responsabilidad”, respondió José Jerí a la prensa el jueves 16 de octubre.
Además, el primer ministro, Ernesto Álvarez, indicó el jueves que su Gobierno estaba preparando una declaración de estado de emergencia en Lima para enfrentar lo que calificó de criminalidad.
Explicó que “no puede ser simplemente una declaración etérea, sino que tiene que venir acompañada de un paquete de medidas”.
Con el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden brindar apoyo a la Policía para recuperar el control territorial y llevar a cabo acciones contra el crimen organizado, pero también se pueden suspender algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y de tránsito.
Con EFE y medios locales
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