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Este artículo fue curado por pulzo   Ene 10, 2026 - 7:05 pm
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Los manifestantes continuaban este 10 de enero cortando las carreteras y calles de Bolivia para rechazar el Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que los protestantes consideran inconstitucional y “entreguista”.

La máxima confederación sindical del país, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a una reunión de “emergencia” en La Paz que podría definir nuevas acciones de protesta, mientras que las autoridades informaron de los cortes. 

“Hay 45 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este)”, reportó el inspector de la Policía Boliviana, Gunter Agudo.

El funcionario también indicó que los bloqueos “generan un perjuicio para la población que necesita trasladarse”, entre ellos menores de edad que están enfermos, por lo que pidió a los manifestantes hacer una pausa en su reclamo.

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Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 14:44 hora local, informaba en su mapa de trazabilidad que se mantenían 57 bloqueos en distintas carreteras del país, según recogió el diario El Deber.

Las protestas en Bolivia continuaban luego de que el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, cuestionara el 9 de enero la postura de las autoridades del país de mantener vigente el decreto en cuestión y anunciara el rompimiento del diálogo con las autoridades.

Tras abandonar la Casa Grande del Pueblo, el palacio de gobierno, Argollo aseguró que el Ejecutivo rechazó la propuesta sindical de rescatar los aspectos considerados positivos de la norma y elaborar una normativa alternativa.

El decreto en cuestión fijó precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86% y del 162% respecto a los precios subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

“Tenemos que hacerle frente al Gobierno porque lastimosamente se niega de manera rotunda a abrogar este maldito decreto (…) aclararles a todos que esto ya se ha vuelto una revolución nacional”, dijo el dirigente sindical. 

De esta forma, Argollo sostuvo que ya no se trata solo de bloqueos o marchas específicas, sino que ha cobrado el alcance de una movilización nacional.

El sindicalista también criticó lo que consideró como falta de empatía de las autoridades nacionales con el “pueblo movilizado” y aseguró que la actual administración del presidente Rodrigo Paz -quien asumió en noviembre tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS)– traicionó el respaldo electoral que la llevó al poder.

“Nos sentimos decepcionados de nuestros gobernantes, que fueron a pedir el voto popular a las comunidades y sectores alejados. Hoy ese voto se ha traicionado”, dijo el líder sindical, al afirmar que el Gobierno “hace oídos sordos” a las demandas de quienes se manifiestan en las rutas y calles del país.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo en la víspera que la apertura del Gobierno fue “total” para aclarar la razón por la que la norma es “importante” para Bolivia y agregó que el Ejecutivo va a seguir insistiendo en el diálogo.

Aunque el presidente aceptó modificar algunos artículos del decreto luego de semanas de trabajo con otros sectores, los dirigentes de la COB no participaron y mantienen su exigencia de derogación total. 

Otros sectores se suman a la presión

Afiliados a la principal central sindical de Bolivia, que se manifiestan desde el 20 de diciembre en contra del mentado decreto, cerraron el viernes el acceso a La Paz desde la vecina ciudad de El Alto, con la participación de maestros, comerciantes y juntas vecinales que bloquearon la principal autopista entre ambas urbes. 

Los dirigentes de los maestros urbanos suspendieron la huelga de hambre que mantuvieron por varios días en La Paz y anunciaron que ese sector reforzará su presencia en las protestas.

La norma va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno reiteró que no retrocederá en sus medidas, ya que el decreto consiguió garantizar la provisión de combustibles, que era escasa desde mediados de 2024, y que el valor del dólar en el mercado paralelo se sitúe por debajo de los 10 bolivianos.

En la víspera, una sala constitucional rechazó un recurso que presentó un abogado, según el cual el decreto vulneraba supuestamente la Constitución, por lo que la medida instaurada por el Gobierno de Paz sigue vigente. 

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Turistas atrapados en los bloqueos

El Gobierno de Bolivia dispuso este sábado el rescate de 135 turistas extranjeros afectados por las protestas sociales en la ciudad de Uyuni, a causa de los bloqueos de caminos que mantienen los sindicatos.

“(Se) está enviando dos vuelos chárter a Uyuni para rescatar a decenas de turistas que se encuentran aislados en esa ciudad por los cortes de ruta”, informó el Ministerio de Turismo y Cultura en un comunicado.

Asimismo, dicha cartera indicó que los vuelos de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) “extraerán” a 135 personas que estaban viajando por tierra y cuyas nacionalidades no fueron detalladas.

La ministra de Turismo y Culturas, Cinthia Yáñez, citada en la nota, explicó que la decisión de “extracción aérea de los visitantes extranjeros” se tomó debido al “agravamiento” de los bloqueos de caminos que realizan los sindicatos articulados por la COB.

“El efecto de lo que está ocurriendo sobre la imagen turística del país es enorme. Bolivia ya se considera insegura por la frecuencia con la que atraviesa por conflictos sociales”, lamentó.

Yáñez también indicó que los bloqueos ocasionan “importantes pérdidas económicas para los operadores, hoteles, restaurantes y otros proveedores de servicios en Uyuni y otras partes del país”.

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Captura de exministro de Luis Arce

El exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia Édgar Montaño fue capturado el 9 de enero por una investigación que lo señala de presunto daño económico al Estado boliviano por el orden de los 2,49 millones de dólares durante el Gobierno del expresidente Luis Arce, según informó el actual ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Montaño fue detenido en la tarde del viernes en la localidad de Santa Cruz, capital del departamento homónimo, cuando salía de su domicilio ubicado en la zona sur de esa ciudad.

Durante su traslado al aeropuerto internacional de Viru Viru, desde donde fue conducido a La Paz, Montaño aseguró ser inocente de las acusaciones en su contra.

 

“Soy inocente”, declaró mientras era escoltado. “No me he escapado, me han agarrado por un supuesto caso de una carretera”, añadió, sin brindar mayores detalles.

Según la orden de detención, el exministro es investigado por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Las autoridades señalaron que el daño económico atribuido a Montaño se habría generado durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

En los últimos meses, su nombre fue mencionado en cuestionamientos públicos y en anuncios de acciones legales promovidas por sectores sociales y del transporte, relacionados con la administración de recursos públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la fecha de la audiencia cautelar ni las medidas que podrían ser solicitadas por el Ministerio Público dentro del proceso.

La detención del exministro se produce en un contexto de creciente atención pública sobre investigaciones por presuntos daños económicos al Estado y responsabilidades penales de exautoridades vinculadas a los gobiernos del MAS.

El propio Arce está recluido desde diciembre en una celda donde pasará los cinco meses de detención preventiva dispuestos por un juez, dentro de una investigación por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Morales.

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Con EFE y medios locales

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