Al menos 43 presos fallecieron este lunes 9 de mayo en un nuevo amotinamiento ocurrido en Ecuador, esta vez en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

El funcionario explicó que las víctimas son producto de un nuevo enfrentamiento entre las mismas bandas rivales que el mes pasado protagonizaron una masacre en la cárcel de la sureña ciudad de Cuenca, la cual dejó 20 reclusos fallecidos y al menos otros 10 heridos.

Durante este nuevo motín, que comenzó entre las 2:30 a. m. y 3:00 a. m., hubo alrededor de 40 reos que intentaron fugarse de la prisión, pero que fueron recapturados por las fuerzas de seguridad en los alrededores del centro penitenciario.

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En un mensaje en Twitter, la Fiscalía General del Estado indicó que “hasta el momento se cuentan 43 internos fallecidos”, pocos minutos después de que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informaba en una rueda de prensa de 41 reos fallecidos.

“La mayoría de ellos, por no decir casi el 100 %, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego”, dijo Carrillo en rueda de prensa.

El ministro añadió que la mayoría de cuerpos “fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas” y precisó que se logró la recaptura de 112 personas privadas de la libertad, que ya se encontraban en el exterior de la cárcel, unos por salvar su vida y otros con intención de fugarse.

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Carrillo anotó que los enfrentamientos en la cárcel, donde hubo 13 heridos (algunos de ellos graves), ocurrió entre una organización criminal autodenominada Los Lobos y otro grupo delictivo disidente de este, autodenominado R7.

El ministro consideró que se debe someter a los cabecillas de las bandas a regímenes disciplinarios más exigentes.

En Ecuador, unos 400 reos han muerto en los últimos dos años en enfrentamientos entre organizaciones rivales vinculadas con el narcotráfico que se disputan el control interno de las cárceles y que cuentan con ramificaciones dentro y fuera de los centros penitenciarios, según las autoridades.

Para solucionar la crisis carcelaria, el gobierno del presidente, Guillermo Lasso, está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.

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