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Una jueza federal del estado de Tennessee ordenó este domingo 22 de junio la liberación bajo fianza de Kilmar Ábrego García. El salvadoreño había sido deportado por error a El Salvador en marzo, a pesar de contar con protección legal contra la expulsión. Su caso se ha convertido en un símbolo de las fallas del sistema migratorio durante la administración del expresidente Donald Trump.
La jueza Barbara Holmes denegó la moción del gobierno estadounidense para mantenerlo detenido mientras enfrenta un juicio por presunto tráfico de personas.
Holmes subrayó que el tribunal garantizará a Ábrego “el debido proceso legal”, y programó una audiencia para este miércoles 25 de junio con el fin de revisar las condiciones de su liberación.
Aunque la jueza ordenó su liberación, Ábrego podría no regresar a casa con su esposa e hijo —ambos ciudadanos estadounidenses—, ya que es probable que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detenga nuevamente y busque deportarlo.
Ábrego fue deportado el 15 de marzo junto a otros 230 migrantes, pese a una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión por riesgo de persecución por parte de pandillas en El Salvador.
Regreso a suelo estadounidense
El gobierno calificó su deportación como un “error administrativo”, pero durante meses sostuvo que no podía facilitar su regreso. Finalmente, fue repatriado el 6 de junio tras una orden judicial respaldada por la Corte Suprema de EE. UU.
A su regreso, fue acusado de liderar una red de tráfico de migrantes junto a cinco presuntos cómplices.
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La acusación se basa en un incidente ocurrido en 2022, cuando fue detenido por exceso de velocidad en Tennessee mientras transportaba a varios presuntos indocumentados. Los fiscales también lo acusan de haber transportado armas y drogas, aunque en ese momento solo recibió una advertencia.
Ábrego se declaró no culpable el pasado 13 de junio en una audiencia celebrada en Nashville.
Protestas en Estados Unidos
Sus abogados sostienen que los cargos son un intento del gobierno de justificar su deportación ilegal y desacreditan a los testigos de la fiscalía, quienes estarían colaborando a cambio de beneficios migratorios y penales.
El caso ha generado protestas y críticas a las políticas migratorias de Trump. Durante la audiencia del 13 de junio, cientos de personas se manifestaron frente al tribunal exigiendo la liberación de Ábrego y la abolición del ICE.
El presidente ha afirmado que Ábrego pertenece a la pandilla MS-13, una acusación que su defensa niega rotundamente.
En paralelo, la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, investiga si la administración Trump violó su orden judicial al no facilitar el regreso de Ábrego. La Corte Suprema respaldó unánimemente esa orden.
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