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Tres de los cuatro magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil consideraron que la denuncia presentada por la Fiscalía es procedente y, en consecuencia, decidieron abrirle juicio a Eduardo Bolsonaro, hijo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro.
Los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, junto con su colega Alexandre de Moraes —quien fue designado para reunir información preliminar en el caso—, aceptaron una acusación de los fiscales que alega que Eduardo Bolsonaro usó violencia o amenazas graves para interferir en el proceso legal contra su padre, quien fue condenado por una trama golpista.
Si el hijo del expresidente brasileño es declarado culpable, podría ser sentenciado a entre uno y cuatro años de prisión y una multa.
Los fiscales afirman que Eduardo Bolsonaro intentó interferir en el juicio de su padre al instar a gobiernos extranjeros (en referencia al Gobierno de Donald Trump) a presionar a funcionarios brasileños, incluso con amenazas contra la economía del país.
Eduardo Bolsonaro, un legislador ahora en autoexilio en Estados Unidos, calificó los cargos en su contra como infundados y los describió como persecución política.
Se necesitaba una mayoría de tres jueces para que el juicio contra Eduardo Bolsonaro avanzara y el voto del viernes en un panel de cinco miembros del STF significa que está prácticamente asegurado que será juzgado, al menos en ausencia.
Sin embargo, técnicamente, la votación permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre y cualquier juez podría cambiar su voto antes de esa fecha.
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Obstrucción en el caso de Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro fue declarado culpable en septiembre pasado de intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 y fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.
En julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% sobre los bienes importados desde Brasil y dijo que era en parte debido al juicio contra el expresidente, un proceso que tildó de “cacería de brujas”.
El Gobierno de Estados Unidos también sancionó al magistrado De Moraes, quien supervisaba el caso penal contra Bolsonaro. La esposa de De Moraes y otros funcionarios brasileños también fueron sancionados o se les revocaron sus visas.
De Moraes escribió que las acciones de Eduardo Bolsonaro representaban una “amenaza seria” para Brasil, “a través de la coordinación y la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, incluidos aranceles de exportación a Brasil, suspensión de visas de entrada para varios funcionarios brasileños y aplicación de la Ley Magnitsky a este juez”.
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Dicha ley estadounidense fue diseñada para sancionar a perpetradores de abusos a los Derechos Humanos y a funcionarios corruptos.
Eduardo Bolsonaro ha reconocido haber buscado el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para su padre. En mensajes privados obtenidos por la policía, le dijo a su padre que la presión de Trump era su única oportunidad para evitar la prisión.
Sin embargo, rechaza que cualquiera de las acciones de la Administración Trump signifique que pueda ser acusado de coacción para obstruir la justicia en Brasil.
“El delito de coacción requiere dos elementos: un instrumento disponible para el presunto autor + una herramienta ilegal. Los aranceles y la aplicación de la Ley Magnitsky no están a mi disposición ni son ilegales”, dijo Eduardo Bolsonaro el viernes en X.
El STF rechazó la semana pasada por unanimidad las apelaciones de Jair Bolsonaro que buscaban reducir su sentencia. Comenzará a cumplir su condena una vez que se agoten todas las apelaciones.
Con AP y EFE
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