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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó el viernes 14 de noviembre a un grupo de investigadores que indague las presuntas atrocidades cometidas en Al-Fashir (Sudán) y que trate de identificar a los responsables para que puedan ser llevados ante la Justicia.
Desde que estalló en abril de 2023, la guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado a casi 12 millones más y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
La violencia se ha intensificado en las últimas semanas, con la toma por parte de las FAR de la ciudad clave de Al-Fashir, en la región occidental de Darfur, tras un asedio de 18 meses.
Frente a las denuncias de atrocidades, ejecuciones sumarias y abusos, el máximo órgano de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución en la que ordena a la misión independiente de investigación de la ONU sobre Sudán que investigue urgentemente las violaciones cometidas en Al-Fashir.
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El texto también insta al equipo de investigación a “identificar, en la medida de lo posible”, a los presuntos autores para garantizar que “rindan cuentas ante la justicia”.
La decisión se tomó al término de una sesión especial convocada para abordar la situación en Al-Fashir, en medio de crecientes advertencias de crímenes contra la humanidad y el riesgo de genocidio .
“Se han fotografiado desde el espacio manchas de sangre en el suelo de Al-Fashir”, advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, al abrir la sesión del viernes.
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‘Campaña coordinada contra civiles’
El embajador británico Kumar Iyer, cuyo país solicitó la sesión especial junto con Alemania, Irlanda, los Países Bajos y Noruega, insistió en que “la magnitud y la gravedad de la crisis en Sudán ya no pueden ser asumidas en silencio”.
“La violencia en Al-Fashir tiene todas las características de una campaña coordinada contra civiles por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido”, denunció, señalando “informes creíbles de asesinatos selectivos, violencia sexual sistemática y el uso deliberado” del hambre.
Antes de que se adoptara la resolución del viernes, instó a los países a dar luz verde al texto: “sin ello, la rendición de cuentas seguirá estando fuera de nuestro alcance y el ciclo de impunidad continuará”.
El texto fue adoptado por consenso, aunque varios países, entre ellos Sudán, se desvincularon de los párrafos que ampliaban el alcance de la investigación de la misión.
En las últimas semanas,, se han recibido informes de ejecuciones, violencia sexual, saqueos, ataques contra trabajadores humanitarios y secuestros en Al-Fashir y sus alrededores, donde las comunicaciones permanecen en gran parte interrumpidas.
La ONU estima que cerca de 100.000 personas han huido de Al-Fashir en las últimas dos semanas, muchas de ellas dirigiéndose a Tawila, a unos 50 kilómetros de distancia.
“La información recopilada indica que cientos de mujeres y niñas fueron violadas y violadas en grupo a lo largo de las rutas de escape, incluso en público, sin temor a represalias ni rendición de cuentas”, dijo Mona Rishmawi, de la misión independiente de investigación de la ONU sobre Sudán, en la sesión del viernes.
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‘Riesgo de genocidio’
Adama Dieng, enviado especial de la Unión Africana y asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio, advirtió que “el riesgo de genocidio existe en Sudán. Es real y crece cada día”.
El embajador sudanés Hassan Hamid Hassan coincidió, advirtiendo que su país estaba inmerso en “una guerra existencial”.
Condenó en particular a Emiratos Árabes Unidos por “apoyar (a las FAR) con equipo militar y estratégico”. Pero, Emiratos Árabes Unidos niega respaldar a las FAR.
El embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Jamal Jama Al Musharakh, criticó tanto a los paramilitares como al Ejército sudanés, acusando a este último de “ataques indiscriminados contra mercados, aldeas y hospitales, en medio de la hambruna, mientras ignora los llamamientos internacionales a una tregua”.
Gran parte del debate del viernes giró en torno a la necesidad de garantizar que se rindieran cuentas por las atrocidades que se habían puesto de manifiesto.
También SE afirmó que el “desprecio despreciable por la vida de los civiles” se estaba haciendo evidente también en la vecina región de Kordofán.
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Con AFP
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