El religioso violó en septiembre de 1982 a un niño de nueve años identificado solo como JCB en la ciudad de Mortlake, en el estado de Victoria, donde tenía su parroquia entre 1981 y 1982.
Judy Courtin, la representante legal del denunciante, confirmó a la cadena australiana ABC que la Iglesia católica y su cliente alcanzaron un acuerdo antes de que el caso llegara al Tribunal Supremo de Victoria por un monto de un millón de dólares australiano (unos 2.300 millones de pesos colombianos).
La abogada señaló que este acuerdo podría abrir la puerta a cientos de reclamaciones de compensación presentadas por otras víctimas de Ridsdale.
“Lo que es realmente importante es que finalmente hemos obtenido una rendición de cuentas adecuada y una forma de justicia apropiada para nuestro cliente“, declaró Courtin.
Gerald Ridsdale, quien se encuentra en prisión desde 1994, se ha declarado culpable en al menos cinco procesos judiciales por abusar de menores entre 1961 y 1988, mientras era sacerdote en el sur de Australia.
A principios de septiembre, la Iglesia católica admitió en unos documentos judiciales por primera vez haber tenido conocimiento de las quejas contra Ridsdale.
La investigación sobre los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Australia reveló que Ridsdale formaba parte de una red pederasta en Ballarat (estado Victoria) en la década de los años 70.
En esta red también figuraban el director del colegio Saint Alipius, Robert Best, y los sacerdotes Edward Dowlan, Stephen Farrel y Gerald Fitzgerald, todos ellos condenados por pederastia excepto este último, que murió en 1987 mientras era investigado.
Ridsdale vivió en los años 70 en un seminario con el cardenal George Pell, extesorero del Vaticano condenado en marzo a 6 años de prisión por cinco cargos de abusos sexuales a menores, incluido uno por penetración oral, cometidos contra dos chicos en Melbourne en los años 1996 y 1997.
Pell, la persona de mayor rango de la Iglesia católica condenada por pederastia, presentó a mediados este mes un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, para intentar revertir su condena.
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