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El Comité de Madres en Defensa de la Verdad reportó la excarcelación de al menos 71 personas en Venezuela, entre ellas tres mujeres y tres adolescentes, tras los acontecimientos postelectorales de julio de 2024. Aunque la organización considera este hecho un avance, lo ve como insuficiente. Por este motivo, insistió en la necesidad de una amnistía general que garantice la libertad plena de todos los individuos detenidos tras las elecciones presidenciales. El colectivo, conformado por familiares de quienes han sido arrestados tras los comicios, subrayó que la injusticia sigue marcando la vida de centenares de familias en el país.
En paralelo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró la necesidad urgente de liberar a todos los presos políticos, con especial énfasis en mujeres, adultos mayores y aquellos con graves problemas de salud. Según JEP, la permanencia de estas personas bajo privación de libertad representa un riesgo considerable para su vida y su integridad personal. Asimismo, esta organización calificó las excarcelaciones de “selectivas y discrecionales”, afirmando que la privación de libertad se ha usado como mecanismo de persecución política en Venezuela.
La respuesta de otros movimientos sociales no se hizo esperar. Laboratorio de Paz, una organización no gubernamental, manifestó que si bien las excarcelaciones son vistas como una noticia positiva, la exigencia es por la liberación de todos los presos políticos. En la misma línea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, conformado por familiares de detenidos antes y después de los comicios presidenciales, también reclamó la excarcelación total de quienes permanecen privados de libertad.
Por su parte, Oscar Murillo, coordinador de la organización Provea, destacó que las recientes liberaciones representan un “alivio colectivo”. No obstante, lamentó la opacidad en la información y la exclusión de defensores de derechos humanos reconocidos, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, entre otros, quienes continúan detenidos. Figuras políticas como César Pérez Vivas, exgobernador opositor del estado Táchira, han señalado que la “puerta giratoria” en las excarcelaciones permite la salida de algunas personas mientras otras son arrestadas.
El contexto posterior a las elecciones presidenciales fue especialmente tenso, con la reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral controlado por figuras afines al chavismo, y la denuncia de fraude por la oposición, que sostiene que Edmundo González Urrutia resultó el verdadero vencedor. En este ambiente, más de 2.400 personas fueron arrestadas y acusadas por delitos como “terrorismo” y “vandalismo”, de acuerdo con cifras de la Fiscalía, aunque colectivos y partidos opositores sostienen que muchos son inocentes.
Según la ONG Foro Penal, hasta el 15 de diciembre pasado, el número de presos políticos ascendía a 902, la mayoría de ellos capturados tras las presidenciales. Pese a estas cifras, el Ejecutivo de Maduro sostiene que en Venezuela no hay presos políticos y asegura que los detenidos están en prisión por cometer graves delitos. Las liberaciones recientes reanudaron un proceso de excarcelaciones que comenzó el año anterior y que permitió la salida con medidas cautelares de cerca de 2.000 personas, según la Fiscalía.
¿Cuántas personas siguen siendo consideradas presos políticos en Venezuela?
En el debate nacional continúan las discrepancias sobre la real dimensión de la situación de los presos políticos. Foro Penal, una organización no gubernamental reconocida en el país, afirmó recientemente que hay al menos 902 personas consideradas presos políticos, la mayoría encarcelados después de las presidenciales de 2024, según su último boletín con fecha de corte de 15 de diciembre. Por el contrario, el Ejecutivo sostiene que no existen presos políticos y que quienes permanecen detenidos están acusados de delitos graves.
La relevancia de conocer cifras exactas reside en la persistencia de reclamos de libertad por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de detenidos, quienes consideran que el uso de la prisión como mecanismo de persecución política continúa vigente. Estas cifras se han convertido en un indicador clave para valorar el nivel de respeto a los derechos humanos y el clima político en la Venezuela post-electoral.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.
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