“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, y el Tesoro la ha expuesto”, dijo el subsecretario del Tesoro de EE.UU., Justin Muzinich, en un comunicado. Esa red fue orquestada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tareck El Aissami, según el Departamento del Tesoro.
Las sanciones afectan a la compañía mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, así como a sus copropietarias, Olga María Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García, y al también mexicano Joaquín Leal Jiménez, al que el Tesoro acusa de trabajar con las dos compañías citadas y con el empresario colombiano Álex Saab para “negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA”, la petrolera estatal venezolana, según el comunicado.
La Casa Blanca llevaba meses amenazando con posibles sanciones a Libre Abordo, y el comunicado del Tesoro acusa a la compañía de haber canalizado la reventa de crudo venezolano “bajo la guisa de un programa de ‘petróleo por alimentos'” que “nunca resultó en entregas de comida a Venezuela”.
En un plan “orquestado por Saab y El Aissami” con Leal como intermediario, Libre Abordo firmó dos contratos en julio de 2019 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para proporcionar “maíz y camiones cisterna” a Venezuela, a cambio de revender “crudo de origen venezolano suministrado por PDVSA”.
“Saab y Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA, aproximadamente el 40 % de las exportaciones de petróleo de PDVSA en abril de 2020”, precisó el Tesoro estadounidense.
Sin embargo, Libre Abordo “no entregó maíz a Venezuela y envió aproximadamente 500 camiones cisterna de agua (solo la mitad de lo que estaba en el contrato) a precios enormemente inflados” que no se corresponden con el valor del petróleo revendido, añadió.
El Tesoro insistió en que las tres personas sancionadas y Saab, arrestado el 12 de junio en Cabo Verde acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, colaboraron con el gobierno de Maduro y (PDVSA), para eludir las restricciones estadounidenses y generar ingresos a partir del crudo venezolano.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, describió el complot sancionado por el Tesoro como “transporte de petróleo robado al pueblo venezolano”, y aseguró que sus participantes recurrieron a “millones de dólares de fondos que supuestamente iban a ser para ayuda humanitaria, pero no entregaron” esa asistencia.
“El régimen ilegítimo de Maduro sigue robando recursos venezolanos para estrechar su yugo autoritario. La medida de hoy es otra advertencia de que cualquier persona o compañía que facilite este robo no disfrutará más de acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo Pompeo en un comunicado.
Las sanciones del Tesoro afectan además a otras seis compañías, dos de ellas estadounidenses, y a dos buques con banderas de Panamá y Liberia por haber contribuido supuestamente al plan de Libre Abordo.
Estados Unidos lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para sacar del poder a Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta y a quien atribuye corrupción generalizada y graves abusos a los derechos humanos, así como la debacle económica de la otrora potencia petrolera.
Pero a pesar de una batería de medidas punitivas y de una millonaria recompensa por información que lleve a su captura, Maduro sigue en el poder con apoyo en particular de Rusia y China.
Desde Caracas, el régimen de Maduro cuestionó las nuevas medidas y anunció que tomará acciones en foros internacionales.
“Washington sigue promoviendo un cerco contra Venezuela. Pretende que no podamos exportar petróleo para que el pueblo venezolano se quede sin alimentos, medicinas, gasolina”, tuiteó el canciller Jorge Arreaza.
Y agregó: “El sistema multilateral de la ONU debe reaccionar. Llevaremos este caso a la Corte Penal Internacional”.
El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno podría venderle gasolina al de Venezuela por razones humanitarias, pese a la presión de Estados Unidos sobre quienes comercian con el país sudamericano.
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