Una propuesta impulsada por el partido republicano y respaldada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de preocupación en América Latina: un impuesto del 5 % a las remesas enviadas por migrantes desde EE. UU. a sus países de origen.
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El proyecto, actualmente en debate en el Congreso estadounidense, busca gravar las transferencias de dinero hechas por inmigrantes no ciudadanos, incluyendo tanto a indocumentados como a residentes legales, y podría entrar en vigor en 2026 si recibe la aprobación final del Senado antes del 26 de mayo.
Colombianos en Estados Unidos podrían recibir duro golpe
Las remesas son un pilar económico para varios países de América Latina y el Caribe, representando entre el 6 % y el 23 % de los ingresos de los migrantes, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En 2024, Colombia recibió aproximadamente 11.800 millones de dólares en remesas, según Corficolombiana, un flujo que ha crecido constantemente desde 2019.
Países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua también dependen de estos recursos, que en algunos casos representan una porción sustancial de su PIB, explica El Tiempo.
Impuesto a las remesas en Estados Unidos: ¿cómo funcionará?
El impuesto propuesto, que afectaría tanto a inmigrantes indocumentados como a residentes legales, podría reducir el volumen de remesas enviadas, con consecuencias devastadoras para las familias receptoras.
“Este impuesto se suma a las continuas deportaciones de inmigrantes indocumentados y llega en un momento en que hay indicios de un descenso del empleo entre los migrantes latinoamericanos en EE. UU.”, explicó a Deutsche Welle Cervantes González, experto del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).
La combinación de estas políticas podría agravar la vulnerabilidad económica de los hogares que dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas.
La propuesta provocó fuertes críticas en América Latina. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el impuesto, calificándolo de injusto. “No se puede gravar dos veces a quienes ya pagan impuestos”, afirmó, destacando el impacto sociopolítico de la medida.
Más de la mitad de los migrantes envían dinero a sus madres y una de cada tres a sus padres, según el BID, lo que deja en evidencia el carácter humano y familiar de estas transferencias.
En Florida, un estado con una gran población migrante, el gobernador Ron DeSantis ha propuesto un control adicional: exigir pruebas de estatus laboral legal para hacer transferencias de dinero. Esta medida busca limitar las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, lo que podría agravar aún más la situación.
Según expertos, el impuesto no solo reduciría los ingresos de las familias receptoras, sino que también podría incentivar el uso de canales informales para enviar dinero, como transferencias no reguladas o entregas en efectivo.
Además, la medida podría tener un efecto dominó: si los hogares en países como Colombia o México ya no pueden sostenerse con las remesas y enfrentan un contexto local con escasas oportunidades laborales, es probable que más personas decidan migrar a EE. UU., perpetuando el ciclo migratorio.
El Congreso de EE. UU. tiene hasta el 26 de mayo para aprobar la reforma fiscal, que aún debe pasar por el Senado. La oposición demócrata ha calificado la propuesta como “un ataque a las comunidades migrantes”, mientras que los republicanos la defienden como una medida para financiar políticas internas.
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