Muchos inmigrantes viven momentos de verdadera zozobra en suelo estadounidense, teniendo en cuenta las duras políticas migratorias en ese país desde que Donald Trump asumió el poder por segunda vez, el pasado 20 de enero. De hecho, muchos han aceptado los pagos de ese gobierno para quienes decidan regresar a sus países de origen.
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Y es que las leyes de inmigración de Estados Unidos contemplan sanciones severas para las personas que intentan ingresar nuevamente al país sin autorización después de una deportación. Según las normas, el Título 8, Sección 1326 del Código de los Estados Unidos establece que este acto es un delito federal, con consecuencias que varían según los antecedentes del individuo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reforzado sus operativos en los últimos años con el objetivo de intensificar las medidas en las fronteras y aeropuertos. Desde 2025, la administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un enfoque más estricto para disuadir los reingresos ilegales, incluyendo detenciones y expulsiones más ágiles.
¿Podría ir a la cárcel si vuelve a EE. UU. después de ser deportado?
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quienes son deportados pueden enfrentar restricciones que van desde cinco hasta veinte años de prohibición de ingreso, dependiendo de la causa de su expulsión. También hay que mencionar que en los casos más graves, como fraude migratorio o reincidencia, la restricción puede ser permanente.
En relación con las penas, si una persona deportada regresa ilegalmente a ese país y no tiene antecedentes delictivos, podría ser condenada hasta a dos años de prisión. Sin embargo, si en su historial figuran delitos como violencia, tráfico de drogas o múltiples entradas ilegales, las penas podrían extenderse hasta 10 o incluso 20 años.
En ciertos casos, las personas deportadas pueden solicitar un permiso para volver a Estados Unidos antes de que se cumpla la prohibición. Este trámite se lleva a cabo mediante el Formulario I-212, aunque su aprobación no está garantizada y depende de múltiples factores evaluados por las autoridades migratorias.
El procedimiento de deportación también puede ser inmediato. La deportación expedita se aplica a quienes no pueden demostrar una residencia continua en Estados Unidos durante al menos dos años. En estos casos, no se requiere una audiencia ante un juez, lo que agiliza la salida del país.
Las cifras oficiales presentadas por el DHS indican que desde el 26 de enero de 2025 se han deportado más de 8.000 personas como parte de nuevas estrategias de control migratorio. Estas medidas se enfocan en fortalecer la seguridad fronteriza y limitar el ingreso irregular.
El código penal estadounidense también contempla penas más severas para quienes reinciden en el reingreso ilegal luego de una deportación por delitos graves. En ese caso, las condenas pueden alcanzar los 20 años si la persona cuenta con antecedentes por crímenes agravados como violencia o narcotráfico.
Además, quienes han sido deportados en el pasado enfrentan obstáculos adicionales si desean solicitar asilo o una visa para trabajar, por ejemplo. En estos casos, deben presentar perdones migratorios, cuya aprobación depende de su historial y el tiempo transcurrido desde la expulsión.
Finalmente, las autoridades migratorias utilizan tecnología avanzada como reconocimiento facial, drones y sensores para detectar intentos de reingreso ilegal. También colaboran con otras agencias para identificar redes de tráfico y rastrear a personas con antecedentes migratorios problemáticos.
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